La UE da hoy una pista a la banca sobre el fallo de las cláusulas suelo

El Supremo declaró en mayo de 2013 que esas cláusulas, que marcan el interés mínimo que debe pagar el cliente aunque el Euribor caiga por debajo y ha impedido a muchos beneficiarse de los actuales tipos bajos, son nulas si el banco no informó de ellas con suficiente transparencia al firmar el préstamo.

Ahora bien, el tribunal español aclaró después que los bancos solo deben resarcir a los afectados desde mayo de 2013, y no desde que la cláusula se activó por la caída del Euribor, a fin de evitar, según el organismo, «trastornos graves con trascendencia al orden público económico». Es decir, el Supremo, tras un primer fallo, impuso luego esa fecha tope para evitar un golpe tremendo a las cuentas del sector financiero.

El coste de la devolución de los intereses cobrados de más por esa vía será de entre 5.000 y 7.600 millones de euros , según datos del Banco de España citados durante la vista oral celebrada el pasado abril en Luxemburgo. Entre las entidades más afectadas estarían Caixabank, que tendría que devolver 1.250 millones en caso de que se imponga la retroactividad total , y ya ha provisionado 515 millones; el Sabadell, con unos 750 millones según los analistas, y que ya ha convertido a tipo fijo el 80% de la cartera; el Popular (700), que ha dotado 350, y Liberbank (259).

El sector financiero confía en varios argumentos para que Europa no le obligue a devolver todas las cuantías cobradas por esa vía. Uno es ese impacto en la estabilidad del sistema financiero, más aún en un momento de renovadas dudas sobre la industria bancaria por la debilidad del negocio.

Fuentes del sector explican que esto lo podría valorar el BCE, pero que difícilmente e l Alto Tribunal tendrá en cuenta. Así las cosas, la principal línea de defensa de las entidades es de carácter legal.

Los bancos españoles, así como la Abogacía del Estado, presente también en el caso, que llegó a Luxemburgo a raíz de la consulta de varios juzgados españoles que estudian demandas contra Cajasur, BBVA y Banco Popular, defienden que el Tribunal de la UE no puede contradecir al Supremo nacional . Por eso no se descarta una sentencia de corte político: tras el Brexit y ante el temor de que otros países sigan el ejemplo de Reino Unido, Luxemburgo evitaría un dictamen que se interprete como una intromisión en la soberanía jurídica de un Estado miembro.