Los ‘lobbies’ se multiplican en el diseño de la nueva economía

Es decir, varias autonomías han tomado la iniciativa de poner cierto orden en una actividad que todavía arrastra cierta fama de oscuridad y en la que algunos solo ven vínculo con el tráfico de influencias o la identifican con las famosas puertas giratorias que cruzan algunos políticos, quienes aprovechando su experiencia como cargo público y tirando de agenda, consiguen puestos relevantes en grandes empresas con el fin de funcionar como grupos de presión.

Sin embargo , la actividad lobista mira hacia un horizonte muchísimo más amplio. Es una práctica habitual en los países anglosajones y también en la Unión Europea. El registro federal de lobistas de Estados Unidos cuenta con más de 10.000 inscritos. Y el de la Comisión y el Parlamento europeos (“Joint Transparency Register”) con más de 11.000. En España, a falta de un registro nacional obligatorio, no se conoce el número de grupos de interés que influyen en las administraciones públicas.

Y eso que es previsible que el papel de los lobbies sea muy relevante en los próximos años para acometer las reformas estructurales que debe afrontar España, por exigencia europea, y que van ligadas a la consecución de los fondos Next Generation. Tan primordiales serán estos grupos de interés que incluso el Gobierno ha adelantado su regulación a este año, una reivindicación histórica de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que aglutina a los lobistas profesionales.

Son los conocidos «public affairs» o expertos en asuntos públicos. Su función: «Ayudamos a las empresas a canalizar su visión y aportaciones hacia el sector público. Esto es la participación de la sociedad civil y las empresas en la vida pública», sostiene María Rosa Rotondo, presidenta de APRI y socia fundadora de la consultora de lobby Political Intelligence. «Representamos y defendemos los intereses de un grupo de interés. Tenemos acceso a mucha información, la almacenamos, filtramos y la trasladamos de forma ordenada a las partes interesadas. A veces el sector empresarial no habla el mismo código que un legislador o el poder ejecutivo. Si traslado esta información, quien legisla o toma una decisión tendrá mayor capacidad de hacerlo», explica Marta Becerra, directora de Asuntos Públicos de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital).

Estos profesionales, tanto de empresa como de agencias, quieren desvincularse de los estigmas del pasado. «El lobby es una figura aceptada socialmente en países anglosajones, pero asociado a una leyenda negra en la órbita continental: el lobista que invita a comer a un político a un restaurante caro para influir en sus decisiones o que le regalaba caros obsequios», estima Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Start-ups. Cuando, en su opinión, «lo importante del lobista no es tanto una agenda amplia o tener amigos, sino el trabajo de saber construir un buen relato, desarrollar buenos datos e informes para argumentar en mejores condiciones a favor de los intereses que está defendiendo».

Su mala reputación también viene por otras malas praxis. «Antes la influencia en los poderes públicos se hacía a través del modelo de compadreo o clientelismo, por el que se contrataba a ex cargos públicos para influir en las decisiones públicas. Se les incorporaba a los consejos de administración o de dirección de una empresa o fundación, sin hacer transparente esa relación. Pero ese modelo ha fracasado. El poder está fragmentado, ya no hay dos únicos partidos. Por eso, el ex político ya no tiene capacidad de influencia en su propio partido, ni en los gobiernos, ni en las nuevas generaciones», explica David Córdova, socio fundador del despacho Vinces y doctor en Derecho.

¿Pero es legítimo y legal influir en las decisiones que debe adoptar un legislador a la hora de elaborar una ley o en un político cuando diseña un plan nacional para regular una actividad económica, por ejemplo? «El lobby es el derecho a representar los intereses legítimos ante los poderes públicos, a participar de los asuntos públicos tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución», defiende Córdova. «Todos los intereses que se defiendan de manera ética, con arreglo a la legalidad vigente y con transparencia son legítimos», sostiene Baeza. Y como muestra este experto ilustra la función de un lobby: «Llevamos cuatro años trabajando en la recién aprobada ley de startup. Tuvimos que empezar haciendo pedagogía y explicando a todas las personas con las que nos reuniamos qué era una startup, cómo trabajan y por qué era importante crear un ecosistema de startup para el futuro del país».

Desde luego, las leyes no se hacen a la ligera ni tampoco las decisiones se toman sin sentido, como expone Luis Arroyo, profesor de IE University: «Las leyes —dice— se hacen a partir del conocimiento de quienes más entienden, que son los públicos afectados por ellas. No es posible hacer una ley de educación sin contar con los padres y madres, con los colegios públicos y privados, con los estudiantes, con los profesores… Todos ellos, sus asociaciones, sus organizaciones, sus sindicatos… son grupos de interés que tienen que participar en el proceso. Y así en todas y cada una de las normas, en mayor o menor medida». «Incluso una asociación de vecinos es lobby cuando se dirige a un concejal de distrito para presentar una propuesta de mejora de las aceras», añade Baeza.

Además, está la otra visión: la del legislador o político, a los que «les interesa estar informados por parte de los sectores empresariales y sociales, conocer de primera mano los intereses, necesidades y desafíos. El lobby facilita el conocimiento técnico de los gobernantes sobre determinada materia que se tiene que regular mejorando el proceso de toma de decisiones», indica Piluca Núñez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Empresarial Eólica.

Claro, siempre que la actividad se realice bajo unos principios de transparencia y un código ético por ambas partes. Y una regulación ayudaría mucho a conseguirlo. «Los códigos de conducta y los registros de lobistas han facilitado la profesionalización de la actividad», señala Núñez.

El sector aboga por la creación de un registro obligatorio de lobbies a nivel nacional, «para que las reuniones solo se puedan mantener con los que están inscritos y estos se sometan a determinadas normas de conducta e incluso existan sanciones por incumplir esas normas éticas», matiza María Rosa Rotondo. APRI recoge nueve principios éticos que deben cumplir los lobistas en su código de conducta. Entre otros: no obtener información o influir en decisiones de manera deshonesta ofreciendo regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas; aportar información veraz; no inducir a los diputados, senadores o funcionarios a contravenir las reglas de actuación que les son aplicables en sus funciones, o no difundir la información de carácter confidencial.

Otra propuesta que también contribuirá a dar transparencia a esta actividad es que los legisladores y políticos hagan públicas sus agendas, es decir dar a conocer con quién se reúnen. «Hay que garantizar que la decisión pública se toma con la máxima objetividad e independencia buscando el interés general», explica Córdova. Y que haya constancia de lo que se denomina ‘ huella legislativa’, «que todas las leyes recojan todas las asociaciones que han participado en su elaboración, o para influir, o para dar propuestas, o han sido escuchadas», especifica Córdova.

De momento, el Gobierno ha realizado la consulta pública del anteproyecto de ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, que pretende conseguir, entre otros objetivos, limitar las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos y los grupos de interés, establecer un código de conducta para la actividad del ‘lobby’ y la creación de un registro de lobistas. Pero poco más se conoce de esta nueva regulación. Por ahora, los diputados del Congreso cuentan desde 2019 con un código de conducta que entre otras medidas define lo que es un grupo de interés, prohíbe regalos y obsequios, establece infracciones y sanciones si no se cumplen estas normas y obliga a que publiquen su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso. Algo que pocos hacen, según denuncian desde APRI.