El lento viaje de los lobbies desde el «lado oscuro» hacia la transparencia

El registro creado por Bruselas para estos grupos de presión no contempla sanciones y contiene información inexacta y desactualizada

Los lobbistas españoles se reivindican como transmisores de conocimientos para la toma de decisiones y buscan enmendar su mala imagen

MadridActualizado:

Cuentan que el presidente estadounidense John F. Kennedy dijo que los lobbies le hacían entender los problemas en diez minutos, mientras que sus asesores tardaban tres días. Una frase que demuestra la importancia de los grupos de interés en la vida política; pero no siempre su reconocimiento ha sido tal. En esta era de la posverdad y las «fake news», realidad e invención discurren por el mismo cauce, arrastrando a su paso todo cuanto se cruce en él. Este, precisamente, es el caso de los lobbies a nivel mundial, europeo, español, autonómico y local. Toda esfera en la que aparezcan los especialistas en «public affairs» -como se hacen llamar por algunos- es sinónimo de oscurantismo, tráfico de influencias, corrupción. Resulta indiferente si tal empresa ha influido o condicionado realmente a cual político; un lobby siempre será considerado como el enemigo de la sociedad. Por ello, ABC se adentra en su mundo para conocer el poder y la actividad del Ibex 35 ante la Unión Europea, instancia última de nuestra legislación.

«La connotación negativa atribuida a la palabra lobby es consecuencia de ciertos abusos cometidos por miembros de la profesión, particularmente en Estados Unidos, donde la actividad es mucho más agresiva que en la UE», explican fuentes de BBVA en Bruselas. Un «mea culpa» a nivel de sector pero que nada tiene que ver con lo que hacen aquí en Europa. De hecho, no existen causas judiciales documentadas en el Viejo Continente sobre prácticas dudosas o delictivas de lobbistas profesionales. Eso sí, hablando siempre a nivel profesional, ya que las fuentes consultadas también cargan contra el intrusismo.

No solo las empresas hacen lobby, sino también España como país, los ayuntamientos o las ONG

Uno de los empleados de «public affairs» en la capital belga de una gran empresa española incide en que los lobbies tienen mucho de mito y poco de verdad. «Resulta muy difícil que podamos apropiarnos del resultado final de una decisión», asegura. Ni sobres ni favores de por medio; son las instituciones comunitarias las que toman las decisiones. De hecho, Javier Valiente, socio director de Political Intelligence, una consultora especializada en esta actividad, afirma que hay estudios con eurodiputados que desgranan las claves de cómo se decanta la balanza a un lado o el contrario. «Escuchan más a las ONG y las asociaciones de consumidores que los que pueden aportar las empresas», dice. Y prosigue: «La mala imagen se debe a la falta de transparencia. Y los intereses corporativos se perciben como ocultos».

Lobby y empresa tradicionalmente se han asociado con el Ibex 35, con la gran empresa. Pero la realidad es que no todas actúan en Bruselas... al menos de manera pública. La UE cuenta con un registro voluntario -aunque obligatorio para acceder al Parlamento Europeo, por ejemplo- de grupos de interés que con el paso de los años llama la atención de las compañías españolas, aunque sin grandes excesos. «El Ibex 35 tiene un absoluto desconocimiento del impacto de lo que influye en el negocio la actividad que se desarrolla en Bruselas», comenta David Córdova, socio fundador de la consultora Vinces y doctor en Derecho. Aun así, fuentes de una gran compañía del selectivo español apuntan a que «hemos ganado mucha credibilidad y ahora nos piden casos de estudio para comprender particularidades del sector y las características de nuestro modelo de negocio». Un ejemplo de que poco a poco la actividad se democratiza y gana importancia en nuestro país.

Actividad real

Pese a todo, los lobistas profesionales -tanto de empresa como de agencia- no se resignan al estigma del tráfico de influencias. «Las reuniones con comisarios buscan trasladar al más alto nivel la visión sobre las prioridades de una empresa o sector», recalca un lobista empresarial español. Precisamente, prosigue contando la que es su actividad real: «La práctica del lobbying es una parte esencial del sistema para canalizar las aportaciones de la sociedad civil a efectos de mejorar el expertise de las instituciones y la calidad y fundamento de sus decisiones».

Misma tesis mantiene el equipo de BBVA, que desmiente cualquier objetivo espúreo en sus intenciones. Es más, se refiere al «interés general» -y el de la compañía que representa- como su fin último. Que sea la sociedad en su conjunto la que pueda beneficiarse de las decisiones que en la UE afectan a 500 millones de personas. «Tratamos de apoyar a los políticos y legisladores europeos poniendo a su disposición nuestra experiencia y conocimientos técnicos», prosiguen las mismas fuentes.

En definitiva, los lobbies aspiran a mejorar las propuestas, aunque son conscientes de que su fama entre la ciudadanía es un lastre más que arrastrar, especialmente desde la crisis. «Los legisladores europeos necesitan contar con todos los puntos de vista», dicen desde una gran empresa del Ibex, también en defensa de su paso por Bruselas. De hecho, comentan que, en ocasiones, la UE generaliza tanto con sus normativas que mete en el mismo saco a actores muy distintos de un mismo sector. Así, desde esta empresa del parqué español apuntan a que su presencia allí obedece, también, a la necesidad que tienen de defender sus intereses porque, de lo contrario estarían infrarepresentados.

Respecto a las reuniones que tienen lugar en sede comunitaria, los lobbistas consultados no ocultan su desarrollo. «Las solicitan tanto los representantes de la UE como nosotros, puesto que el objetivo principal es el intercambio de información», comentan desde BBVA.

Más concretamente, fuentes presentes en Bruselas desgranan que la confianza de las instituciones en los grupos de interés es total por su nivel de conocimiento. Así las cosas, reconocen que hay ocasiones en las que son los propios lobbies casi los que acaban matizando alguna disposición legal... pero a petición de la UE, para adaptar la realidad a los sectores y la sociedad.

«Los legisladores necesitan conocer toda la información a su alcance para tomar las decisiones y esto contribuye a tomarlas. Hay información de parte, claro, pero cuanto mayor sea el número de intereses representados, mejores serán esas decisiones», explica Córdova, de Vinces.

El problema radica en cuando esos intereses representados se confunden con la actividad profesional del lobbista. En otras palabras, fuentes del sector denuncian que hay quien se arroga esa categoría sin serlo. «Usted no es lobbista sino que ejerce una actividad delictiva», comenta Valiente, de Political Intelligence. Y es que a los especialistas del ramo les hierve la sangre cuando algunos empresarios se excusan en sede judicial con que son lobbistas cuando la Policía asoma por los despachos. Es ahí donde -dicen las fuentes consultadas- está la peor imagen y de la que tratan de separarse.

Por todo ello, aspiran a quitarse esa espina, siempre apostando por la transparencia. El registro de la UE es un ejemplo de voluntad política de dar la información de los lobbies a la sociedad. Y en esa base de datos se descubre, por ejemplo, que las empresas son solo una parte de las organizaciones que se dedican a influir en Bruselas. ONG, comunidades autónomas, asociaciones, ayuntamientos, organismos estatales... todos ellos están presentes en la capital belga para opinar sobre aquello que les atañe. «La existencia de un registro europeo es un claro beneficio para todos aquellos que desean trabajar de forma transparente y responsable y para la sociedad en general», aseguran los expertos. Sin embargo, se trata de una iniciativa cargada de intenciones pero sin efectividad real.

Un registro que nace muerto

El registro de lobbies de la UE cuenta con casi 11.900 organizaciones registradas. Hasta hace hace tres años la cifra estaba en unas 9.000 y hace cinco en unas 6.000. Crece en cantidad... pero no en su fiabilidad, tal como ha podido comprobar ABC.

No es obligatorio a día de hoy registrarse en él, pero sí necesario para acceder a ciertas particularidades europeas. Esto provoca que, por ejemplo, once de las 35 empresas del Ibex no figuren en él. Es el caso de ACS, Inditex, Merlin, Viscofan, Meliá, Mapfre, Colonial, Grifols, DIA, CIE Automotive y Bankinter. En España, en el registro de la CNMC, apenas figuran tres compañías del Ibex. Aun así, esto no excluye que se trate simplemente de que no tienen el departamento dentro de la empresa y que ese servicio lo externalicen en agencias profesionales de «public affairs».

El mayor problema del registro radica en que los datos que en él se proporcionan no se corresponden en algunos casos con la realidad, tanto en el sector privado como el público. Endesa, por ejemplo, figura con dos lobbistas inscritos y un gasto de entre 50.000 y 100.000 euros; en cambio, la compañía recalca que ahora esa actividad ya no existe ni se dedican recursos ya que la realiza su matriz italiana Enel. El Ayuntamiento de Barcelona figura con 25 lobbistas y un gasto de entre 1 millón y 1,25 millones; el Consistorio dice que han incluido ahí todo su equipo de relaciones internacionales y cifras orientativas, sin ninguna correspondencia con la realidad; incluso dicen que se registraron para un solo evento.

Casi 11.900 organizaciones están inscritas en el registro de lobbies, frente a las 6.000 de hace cinco años

Dos ejemplos del uso que puede darse a este registro, para el cual David Córdova, de Vinces, reclama mayor seriedad. «No es eficaz. Para que tenga efecto su inscripción debería ser obligatoria, establecer un sistema de control de la actividad y tener capacidad sancionadora», asegura, mientras que su competencia, Political Intelligence, realiza una crítica mucho más tibia y se limita a asegurar que «hay cosas que mejorar».

Las sensaciones en el sector son, por un lado, de impotencia ante quienes les tildan como germen de la corrupción y, por otro, de que su imagen ya es imposible de cambiar. Pese a todo, focalizan sus esfuerzos en dar a conocer cuanto hacen como lobbies y cómo ayudan a mejorar la sociedad -aunque siempre hay ovejas negras-. El primer paso, según los expertos, pasa por mejorar ese registro de la UE que, hoy día, está a medio camino entre la transparencia real y el oscurantismo. Y, como paradoja, que los mismos profesionales del sector hacen lobby para arrojar luz entre las empresas. Luz y taquígrafos, empezando desde dentro.

Representaciones

Más allá del sector privado, ONG, comunidades autónomas o ayuntamientos, las fuentes consultadas también resaltan que no son ellos los únicos presentes en Bruselas. Las agencias y las empresas destacan que no solo el sector privado es el que participa en las decisiones de la UE.

Fuentes de una gran empresa del Ibex 35 apuntan a que España como país tiene su propia Representación ante las instituciones comunitarias con unas 200 personas dedicadas a defender los intereses del territorio; Francia una cifra similar y Alemania ronda los 300 efectivos.

En cambio, los expertos empresariales del Ibex estiman que la visión de que España defiende sus intereses es positiva mientras que la suya es más que negativa. Dos varas de medir -dicen-, pero con el mismo objetivo: hacer lobby... tanto para bien como para mal.