Madrid crea un «registro de lobbies» que regule el trato con altos cargos

Cualquier grupo o asociación que quiera reunirse con un alto cargo del Gobierno con la intención de influir en sus decisiones, tendrá que registrarse;de no hacerlo, «estaría inclumpliendo la ley», advierten en el Gobierno regional.

Madrid cuenta con una consejería específica para Transparencia, de la que se encarga el vicepresidente Ignacio Aguado . La Ley sobre esta materia entró en vigor el 1 de enero de este año, con una serie de especificaciones como la obligación de publicar sus agendas diarias por parte de los consejeros –algo que mayoritariamente se cumple–, o la aparición, en el Portal de Transparencia, de los nombres, cargos y sueldos de todos los asesores en el Gobierno.

Esa ley permite consultar, por ejemplo, los gastos de representación y protocolo de los altos cargos:saber que el 9 de junio la presidenta Díaz Ayuso gastó 72,75 euros en un desayuno de trabajo con docentes;que el 29 de junio el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, invirtió 9,60 euros en un cátering para una reunión de seguimiento del Covid; o que el 27 de enero, el titular de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, registró un gasto de 102,05 euros para «productos alimenticios en reuniones de trabajo» mantenidas con su homónimo del Gobierno andaluz.

El consejero de Economía, Manuel Giménez , refleja 51,90 euros de un desayuno de trabajo el 3 de enero de este año. Y Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales , 135,5 de locomoción por una reunión de trabajo en Barcelona el 21 de febrero.

Hoy, el Consejo de Gobierno tiene previsto dar luz verde a la creación del Registro de Transparencia, en el que se de una relación de todos los agentes que quieren participar o influir en la decisión y la ejecución de políticas públicas . Desde el momento en que se ponga en marcha, los altos cargos de la administración, incluidos los consejeros, tendrán que publicar en sus agendas cualquier reunión que se produzca con alguno de los grupos que aparecen en el registro. «No habrá opacidad alguna en los contactos que se mantengan con entes que tengan la intención de ejercer su influencia en las políticas del Ejecutivo», aseguran fuentes de la consejería.

También los ayuntamientos de la región podrán adherirse al registro, para hacer uso de sus datos y mejorar la coordinación entre administraciones.

La génesis del popularmente conocido como «registro de lobbies» surge de la propia Ley de Transparencia, que lo ve como un instrumento que puede «optimizar las funciones del Ejecutivo y mejorar el buen gobierno de la Comunidad de Madrid ».

Mediante el mismo, se evitará la opacidad en «la elaboración y aplicacón de decisiones y políticas públicas»; y se estrecharán «los vínculos de confianza con los ciudadanos».