El Gobierno desoye al CGPJ y aprueba la ley de vivienda sin cambios relevantes

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha puesto en valor la ley, a la que ha calificado de «histórica». «Es rigurosa, sólida, compata, transversal y blinda la función social de la vivienda », ha asegurado Sánchez, que también ha explicado que el Gobierno tramitará el anteproyecto con carácter de urgencia para agilizar su entrada en vigor.

Sánchez ha lanzado un mensaje directo al CGPJ al recordar que su informe «debía circunscirbirse a tres artículos concretos» de la norma, los que modifican la ley de enjuiciamiento civil para endurecer los desahucios. Respecto a las acusaciones del Poder Judicial, que acusa a la norma de no respetar las competencias autonómicas, Sánchez ha asegurado que el proyecto ya «reconoce las competencias de las comunidades en materia de vivienda y su capacidad de aplicar otros instrumentos».

Eso sí, Sánchez también ha explicado que el Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de modificaciones técnicas dentro de la ley para «aclarar el por qué entendemos que el Estado tiene competencias exclusivas para regular la vivienda». También se incluirán «referencias a la legislación autonómica» y se refuerza la cooperación entre comunidades.

La ministra de Transportes ha reconocido además que todavía no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante la norma en las Cortes y ha tendido la mano al resto de formaciones políticas para aprobar la ley. De igual forma, ha abierto la puerta a agilizar la implantación de límites al alquiler para que no haya que esperar 18 meses tras la aprobación de la ley, como está ahora estipulado.

Más dura ha sido en su intervención la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha asegurado que la ley de vivienda es el primer paso «para dejar atrás la especulación». «En los últimos años el sector inmobiliario ha sido la ley de la selva», ha explicado Belarra, que también ha criticado a los rentistas que viven de los alquileres y a los fondos de inversión propietarios de viviendas.

Además, Belarra ha recordado que el parque público de vivienda español es siete veces más pequeño que el francés y ha asegurado que esta nueva norma revertirá esta proporción.