El inmobiliario recela del «giro social» de la política de vivienda

Y es que los analistas del ladrillo tienen dudas sobre el efecto real de estas políticas, que van desde mejorar la dotación presupuestaria del Plan de Vivienda hasta construir 20.000 viviendas destinadas a un alquiler «barato» en un plazo máximo de seis años. Es esta última acción la que más rechazo ha despertado. Si bien se aplaude la intención del Ejecutivo de aumentar la oferta de pisos , se pone en duda su capacidad para llevar a cabo esta propuesta y los plazos en los que está planteada. «El sector puede ser radicalmente distinto en seis años. No creo que sea una solución», explica Juan Fernández-Aceytuno, presidente de Sociedad de Tasación.

Hay que tener en cuenta además que el proyecto requerirá de la «colaboración» de ayuntamientos y comunidades autónomas. Así lo defendió el propio Ábalos cuando anunció la construcción de estos inmuebles. Sin embargo, las administraciones territoriales no se están caracterizando por impulsar la actividad del sector. Ni siquiera en el ámbito de la VPO, que pese a las previsiones realizadas al comienzo de la legislatura por varios consistorios cerró 2017 con solo 5.375 viviendas adjudicadas en toda España . Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa, condiciona el «éxito» de este proyecto a que haya entendimiento con la Administración territoral y que, en consecuencia, esta liberalice suelo, «algo que hasta ahora brilla por su ausencia, sobre todo en las grandes ciudades». Ferran Font , portavoz de Pisos.com, reclama por su parte que «se anime al sector privado a formar parte de este negocio».

Además de fomentar la construcción, el Gobierno planea modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para ampliar la duración de los contratos del alquiler a 5 años, colaborar con el ICO para potenciar la financiación y poner en marcha incentivos fiscales para los arrendatarios. Este último punto no se ha detallado por el momento, pero fuentes de Fomento señalan que iría «en línea» de la proposición que presentó el Partido Socialista en el Congreso en marzo, cuando propuso una deducción de hasta el 100% para propietarios que alquilen por debajo de un importe determinado. Fuentes del mercado señalan que, en función del precio que se fije, esta medida puede llegar a «desincentivar» el arrendamiento.

En este sentido, la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 1.200 agencias inmobiliarias en España , reclama que se restablezcan los beneficios fiscales para el alquiler de vivienda habitual y se promuevan nuevos incentivos fiscales para los propietarios. Desde APEI señalan que las medidas del Plan de Vivienda «a menudo no acaban favoreciendo tanto como ser perseguía».

Como fuere, la puesta en marcha de estas políticas requerirá «llegar a acuerdos con otras formacione s políticas», reconocen fuentes del departamento dirigido por Ábalos. No será una tarea sencilla, ya que el PNV, el PP y Ciudadanos ya se opusieron hace un par de meses a medidas como la ampliación de la duración de los contratos del alquiler.

Los precedentes no son demasiado halagüeños. Un buen número de las medidas intervencionistas planteadas en el pasado han provocado la reacción contraria a la que se pretendía conseguir en el mercado. Uno de los ejemplos más sangrantes fue la construcción de «minipisos» de 45 metros cuadrados, planteada también por el PSOE hace poco más de una década.