El Gobierno cede y renuncia a subir a 25 los años para calcular la pensión
El Gobierno no fue capaz ayer de resistir la presión de las críticas, especialmente de los sindicatos, y tras incluir en el plan de estabilidad que remitió a Bruselas propuestas concretas para reformar las pensiones y sanear el sistema de la Seguridad Social, finalmente dio ... marcha atrás, y envió una rectificación a la Comisión Europea.
En el primer documento, el Ministerio de Economía explicaba a Bruselas que las reformas propuestas podrían llegar a ahorrar un 4% del PIB al sistema en 2030, unos 40.000 millones de euros. Y además desglosaba de donde saldría este dinero: 20.000 millones de retrasar dos años la jubilación; 4.000 de ampliar también en dos años el periodo mínimo de cotización para cobrar pensión, que pasaría de 15 a 17; y 16.000 millones por aumentar en diez años, hasta 25, el periodo que se tendría en cuenta para calcular la prestación.
El revuelo que levantaron estas propuestas, y el rechazo inmediato y categórico de los sindicatos, llevó al Ejecutivo a eliminar totalmente la referencia que el documento remitido a Bruselas se hacía a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Se mantuvo, aunque matizada, y referida al plano teórico, el posible ahorro de costes por ampliar a 17 los años mínimos para tener derecho a pensión.
Expertos consultados explicaron a ABC que actitudes como ésta restan credibilidad al Gobierno español y a la imagen internacional que había tratado de dar con su plan de recorte del gasto público y el impopular anuncio de ampliar a 67 la edad de jubilación.
Lo cierto es que el Ejecutivo, aún sabiendo que esta actitud podría deteriorar su imagen fuera de nuestras fronteras, y restar credibilidad a su plan para recortar el déficit público y la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, prefirió acallar la avalancha de críticas dentro de casa, que venían incluso del PSOE, y aseguró que se trataba sólo de un ejemplo y que lo que vale es el documento que se ha enviado a la Comisión del Pacto de Toledo.
«El tema ha quedado suficientemente clarificado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda», aseguró Corbacho en Sevilla e insistió en que, en cualquier caso, la referencia al aumento en una década para el cómputo de las pensiones en la actualización del Programa de Estabilidad «no estaba incluida como propuesta sino como una hipótesis de costes».
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