Trabajo quiere elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones

Según ha podido saber ABC, una de las propuestas del Ejecutivo es elevar de manera gradual, de 15 a 20 años, el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones. Se trataría de que a partir de 2011 se fuera sumando un año cada ejercicio hasta completar los 20 en 2015. Es decir, para calcular la pensión de un trabajador que se jubile el próximo año se tendrían en cuenta los últimos 16 cotizados, en lugar de los 15 actuales.

El Pacto de Toledo firmado por todos los grupos parlamentarios en 1995 ya establecía que había que aproximar paulatinamente el periodo de cálculo a toda la vida laboral. De hecho durante los ocho años de Gobierno del PP se amplió de ocho a quince años este periodo, que es el que en estos momentos se aplica.

El principal detractor de esta ampliación ha sido en los últimos años UGT, que denuncia que ampliar este periodo se traduce en una menor cuantía de las prestaciones. Los defensores de ampliar este periodo, entre los que se encuentra el principal partido de la oposición, argumentan, sin embargo, que es mucho más justo tener en cuenta el máximo de vida laboral posible. De hecho, en un momento de crisis como el actual donde las prejubilaciones están a la orden del día, hay muchos trabajadores que no tienen las cotizaciones más altas en los años previos al cobro de la pensión.

Para el PP esta separación de fuentes es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, según aseguró a ABC el portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos. De hecho su grupo propondrá que los Presupuestos del Estado no sólo asuman estos complementos, sino también las subidas arbitrarias de las pensiones mínimas por encima del IPC que deciden los gobiernos de turno.

Como ya ha informado ABC, el Ministerio de Trabajo propondrá que se estudien medidas para incentivar el retraso de la edad efectiva de jubilación, ahora situada en el entorno de los 63 años; así como otras que penalicen el uso de prejubilaciones, que deberían limitarse a casos muy concretos y específicos de problemas empresariales.

Estas medidas contarían con el apoyo del principal partido de la oposición que es partidario de hacer todo tipo de esfuerzos, incluso fiscales,para fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. El PP también exigirá la dotación del fondo de reserva de las pensiones, al que el Estado debe más de 8.000 millones de euros.