El Gobierno apunta a una subida del IRPF a las rentas más altas en 2021

Lo hace en el apartado de los impuestos directos –básicamente son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Patrimonio, de Sociedades y el de Sucesiones y Donaciones– para el que el Ejecutivo contempla una previsión de ingresos fiscales de más de 2.548 millones , con 550 millones previstos para 2021 y 1.998 millones para 2022. No se detalla claramente cómo se va a articular esta medida pero sí que dan algunas pistas que señalan a un alza del IRPF para las rentas más altas. El texto menciona que «se introducen una serie de medidas que permiten reforzar la progresividad del sistema impositivo, logrando obtener una recaudación adicional para contribuir en el momento actual al mantenimiento del Estado de bienestar».

La subida de impuestos «a los ricos» es uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición, donde se consensuó entre PSOE y Unidas Podemos un alza en la renta de los contribuyentes que ingresos superiores a los 130.000 euros anuales. En España hay más de 150.000 contribuyentes con una base imponible superior a 120.000 en la declaración de la Renta, según datos de la Memoria de la Administración 2018. En concreto, representan el 0,8% del total de contribuyentes , aunque aportaron el 10,5% del importe total de la base imponible.

Fuentes cercanas a las negociaciones presupuestarias confirman que sobre la mesa está la posibilidad de elevar la presión del IRPF para las franjas más elevadas , aunque apuntan a los que sitúen sus ingresos entre los 200.000 y 300.000 euros al año. Igualmente otra de las opciones que se barajan es subir el 1 % el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, reconocen las mismas fuentes.

El pacto programático incluye también un incremento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que, sin embargo, podría aplazarse hasta que el crecimiento económico esté más consolidado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado en varias ocasiones que la gran reforma del impuesto de sociedades se acometerá a lo largo de la legislatura y no tanto en 2021. Lo que sí parece tener visos de prosperar es la supresión de algunas deducciones fiscales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones y ha señalado directamente a los planes de pensiones. Hace unas semanas, el propio Escrivá argumentó que España presenta la «singularidad» de ser el país europeo c on más beneficios fiscales , lo que, dijo, conlleva a que las administraciones públicas renuncien a ingresos.

Las noticias cayeron ayer como un jarro de agua fría entre los sectores afectados. La hostelería criticó duramente la subida al IVA al 21% de las bebidas azucaradas y aseguró no entender esta decisión, especialmente en un momento en que la pandemia les está poniendo nuevamente contra las cuerdas. Según los cálculos de la patronal, hay en peligro unos 90.000 negocios y cientos de miles de puestos de trabajo. «Es otro palo a la hostelería», se lamenta el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, en una entrevista telefónica con este diario. Según explicó, la medida les ha pillado «por sorpresa» porque «no ha habido ningún comentario sobre esta de ella» por parte del Gobierno, informa Jorge Aguilar.

Con esta subida impositiva el Gobierno pretende recaudar 400 millones de euros entre 2021 y 2022, pero en el borrador enviado a Bruselas se justifica su necesidad en la promoción de hábitos más saludables, un hecho que indigna a Gallego. «Si el objetivo es la salud, la solución es la educación y concienciación por un consumo responsable. Nunca la fiscalidad. Que no utilicen la salud de excusa cuando lo que quieren es aumentar la recaudación deprimiendo el consumo».

La industria de bebidas siguió también la estela de los hosteleros y se mostró contrario a esta subida impositiva. Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) consideran que la decisión como «injusta y discriminatoria». «Solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis», añaden.

Concretamente, el plan presupuestario contempla un c recimiento del 17,6% de los impuestos sobre los productos (IVA e Impuestos Especiales básicamente), pasando de una recaudación estimada de 105.755 millones de euros en 2020 a estimarse en 124.432 millones de euros para el próximo año. Este aumento se explica, por un lado, por la dinámica evolución esperada del gasto en consumo final nacional privado y, por otro, por el efecto de las medidas tributarias que, según confía el Gobierno, supondrán un incremento de la recaudación tanto del IVA como de los Impuestos Especiales.

El Plan Presupuestario no establece la extensión del escudo social que el Gobierno puso en marcha para mitigar el efecto de la pandemia. Según consta en el documento, el gasto contabilizado en ERTE pasa de los 17.840 millones del año 2020 a apenas 718 millones en 2021, de lo que se deduce que no se contempla una prórroga más allá del 31 de enero actualmente negociado. También la ayuda para los autónomos queda en el aire.

La prestación extraordinaria por cese de actividad se reduce a 568 millones de euros para el próximo año, frente a los más de 8.000 millones de euros gastados en 2020 tanto en la prestación por cese de actividad extraordinaria como en la exoneración de las cuotas. Desaparecen igualmente las ayudas a los empleados del hogar y a los trabajadores temporales que fueron despedidos.