El déficit de la Seguridad Social se disparará hasta un récord de 45.000 millones de euros en 2020

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que el Estado dará luz verde a unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas con el objetivo de aplacar el deterioro en las cuentas.

El deterioro de las arcas de la Seguridad Social se produce por la situación derivada de la pandemia del coronavirus en un contexto de gastos muy elevados frente a unos ingresos menguantes. Durante el primer semestre del ejercicio en curso, la recaudación por cotizaciones bajó un 3,8% respecto al año anterior frente a unos gastos del 3%, según datos de BBVA Research.

Pese al estropicio en el estado de las cuentas, el Gobierno mantiene su compromiso de revalorizar las pensiones en 2021 de acuerdo a la inflación. Esto dará lugar a un incremento del 0,9% -en línea con el de este año- en base al deflactor del PIB para 2021 del nuevo cuadro macroeconómico. De ejecutarse esta subida, será el cuarto año seguido en el que las pensiones aumentan por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización, que está situado actualmente en un porcentaje del 0,25%.

Con el objetivo de aumentar los ingresos y tratar de recomponer las arcas públicas del plan se desprenden unas previsiones de recaudación fiscal de un total de 9.170 millones de euros durante el bienio 2021-2022 . Los ingresos fiscales se conseguirán gracias a subidas en los impuestos a los envases de plástico, por un incremento del 10% al 21% del IVA a bebidas azucaradas y a través de la entrada en vigor de las tasas «Google» y «Tobin», entre otras medidas que se anuncian en el documento remitido ayer a Bruselas.

Dentro de esta previsión de ingresos fiscales también se fija que más de 2.548 millones de euros vendrán de la mano de impuestos directos , con 550 millones previstos para 2021 y 1.998 millones para 2022. En el documento no se detalla de forma clara cómo se va a articular esta partida, que podría pasar por una subida del IRPF a las rentas altas ya que en el texto sí se menciona que «se introducen una serie de medidas que permiten reforzar la progresividad del sistema impositivo, logrando obtener una recaudación adicional para contribuir en el momento actual al mantenimiento del Estado de Bienestar ». El objetivo último de este alza a las rentas altas pasaría así por soportar el escudo social pendiente aún para muchos trabajadores a los que no se les ha pagado la cuantía que les corresponde por los ERTE. Estas cantidades también se destinarían a desembolsar un ingreso mínimo vital que apenas se ha tramitado para a un tercio del total de 870.000 solicitudes.

Este alza de impuestos «a los ricos», tal y como se defiende desde el ala próxima a Unidas Podemos, es uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición, donde se consensuó entre PSOE y el partido liderado por Pablo Iglesias un alza del IRPF a los que contribuyentes que ganasen más de 130.000 euros. En España hay más de 150.000 contribuyentes con una base imponible superior a 120.000 en la declaración de la Renta , según datos de la Memoria de la Administración 2018.

En el pacto programático también se contemplaba incrementar el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades. Otros impuestos directos que se podrían modificar son los de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio.

Asimismo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones a la supresión de algunas deducciones fiscales , como las que se aplican ahora a los planes de pensiones. Hace unas semanas, el propio Escrivá admitió que el Gobierno se planteaba eliminar algunas deducciones fiscales, aunque no llegó a especificar cuáles en concreto. Escrivá argumentó que España presenta la «singularidad» de ser el país europeo con más beneficios fiscales, algo que conlleva a que las administraciones públicas renuncien a ingresos.

Aesto se une que a principios de marzo, antes de que la pandemia los cambiará todo, el ministro de Seguridad Social ya declaró que barajaba quitar las desgravaciones en la base imponible del IRPF para las aportaciones a los planes de pensiones individuales de hasta 8.000 euros al año. Quitar esa desgravación fiscal supondría un ahorro para las arcas públicas de 2.000 millones de euros, según el ministro.

Un informe de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) encargado por el Gobierno cifró en hasta 60.000 millones los beneficios fiscales para los contribuyentes.