Blanco regulará por decreto a los controladores

Blanco justificó la aprobación del Real Decreto Ley por razones de «efectividad» y para que los «costes sean asumibles», según informa Efe. Estas circunstancias no estaban garantizadas en este momento, a juicio de Blanco, quien añadió que ante la falta de acuerdo con los controladores aéreos para la firma de un nuevo acuerdo se ha tenido que adoptar una decisión que resuelva el conflicto.

El ministro dejó claro en su intervención posterior al Consejo de Ministros que se ha intentado alcanzar un acuerdo a través de más de 65 reuniones, pero que los controladores han presentado unas propuestas que han agravado la situación.

Blanco destacó entre esas propuestas las de un aumento de los salarios, que no son «tolerables», porque una empresa pública no puede pagar sueldos millonarios, cuando «se está pidiendo a los españoles austeridad».

El ministro ofreció como ejemplo la cifra de que, si se hubiesen aceptado las exigencias de los controladores en 2012, los salarios de éstos (una media de 350.000 euros al año) subirían prácticamente un 70 por ciento, algo que «España no puede permitirse».

Las empresas privadas podrán gestionar las torres de control

En virtud del dicho decreto, Fomento podrá designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea "siempre que se encuentren debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de un Estado miembro de la UE".

Además, AENA asume a partir de ahora la organización del trabajo de los controladores, marcando una media máxima anual de jornada de 1.750 horas y un máximo de 80 horas extraordinarias trabajadas al año "en conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores".

La jornada a turnos de cada controlador tendrá una duración "no superior a doce horas por servicio" y el tiempo de descanso durante la jornada será de un 25% del tiempo de la duración de la jornada diurna y de un 33% de la duración de la jornada nocturna.

El incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones establecidas en el decreto se considerará "muy grave" cuando afecten a la seguridad o menoscabe de manera reiterada la continuidad de la prestación de servicios, y podrían conducir al despido disciplinario del controlador.

Los servicios del tránsito aéreo y control de aproximación continuarán prestándose directamente a través de AENA, pero el Ministerio de Fomento queda encargado de designar a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeropuerto, lo que se hará a propuesta del gestor aeroportuario. Es decir, que AENA podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas.

Según explican las disposiciones generales de dicho Decreto Ley, el análisis del modo en que ejerce la función de proveedor de estos servicios Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha desvelado "una serie de deficiencias organizativas y falta de eficiencia económica" en el ente público que evidencian las "claras dificultades que actualmente tiene AENA para garantizar "tanto la continuidad en la prestación de los servicios de tránsito aéreo como su sostenibilidad económica y financiera".

Todo ello deriva en "hacer de la tarifa nacional que se cobra a las compañías aéreas la más cara de Europa y del coste por hora del controlador aéreo, el más caro del continente". Concretamente, cita el informe del ejercicio 2008 de la intervención general en el que afirma que la retribución media por controlador ascendió a 304.874 euros y excede en 210.316 euros "a la que resultaría de actualizar con el IPC anual la retribución de 1999", incrementos salariales "que están incidiendo significativamente en las tarifas de ruta, que en 2009 fueron "las más caras de Europa".

El texto del decreto explica que se ha intentado negociar con los controladores para "la modificación de la situación descrita" y que la última propuesta de la Unión Sindical de Controladores (USCA) "plantea condiciones que no suponen una reducción del coste actual, incluye medidas que incrementan la productividad pero que se acompañan de la propuesta simultánea de nuevos conceptos retributivos", por lo que concluye que la vía negociadora "no resulta por si sola suficiente".