La banca extranjera inicia su salida de las autopistas de peaje españolas en quiebra

Tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy, completamente paralizadas desde el verano del año pasado, y la incertidumbre sobre la configuración del próximo Ejecutivo, así como las medidas que acometerá en un asunto que suscita tanta polémica como el de las carreteras quebradas , diversas entidades extranjeras y nacionales con participaciones minoritarias han determinado plegar velas. Fuentes financieras confirman que «media docena» de entidades con exposiciones minoritarias, especialmente internacionales pero también nacionales, han vendido sus participaciones durante los últimos meses a fondos de inversión con importantes descuentos , de más de un 80%.

En la decisión de estas entidades, cuya presencia en el cómputo total de la deuda financiera de las autopistas es reducida, ha pesado, además de la manifiesta incapacidad para rentabilizar unas inversiones infladas por unas previsiones demasiado optimistas y el trazado de carreteras gratuitas complementarias, la «ausencia de interlocución» con un Ejecutivo en funciones por la parálisis política y la incertidumbre sobre el resultado de la vía judicial.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid abrió a finales del año pasado la fase de liquidación de las autopistas AP-36 Ocaña-La Roda y El Eje Aeropuerto de Barajas (M-12) , dando la espalda, de esta manera, a la propuesta de convenio elaborada por el Ministerio de Fomento, que unificaba todos los procesos concursales en curso en un único procedimiento. De hecho, prácticamente todas las autopistas con dificultades financieras se precipitaron a la antigua suspensión de pagos, a excepción de Ausur, la concesionaria de la autopista AP-7 entre Alicante y Cartagena, que recibió «in extremis» un balón de oxígeno de 196 millones de euros que le permitió esquivar el concurso.

En el segundo semestre del año se deberá pronunciar, previsiblemente, la Audiencia Provincial ante los recursos presentados por el departamento dirigido por Ana Pastor. El dictamen de este tribunal, si opta de nuevo por la liquidación, podría dar al traste definitivamente con el plan para crear la sociedad pública. Y al haber unificado todos los concursos, si falla uno, fallan todos. Es en este punto donde entra el golpe económico para el erario, la «patata caliente» que castigaría los márgenes de déficit público para la próxima legislatura : un nuevo rechazo a su plan le podría obligar a abonar más de 5.000 millones de euros ( aproximadamente un 0,5% del PIB ), en concepto de responsabilidad patrimonial y otras reclamaciones judiciales, y volver a licitar las carreteras.

La propuesta de reeditar la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) se encontró con una fuerte oposición por parte de algunas de las entidades extranjeras que se han desprendido de sus participaciones, según sostienen estas fuentes, que rechazan concretar la autoría de las operaciones amparándose en los criterios de confidencialidad. El pasado mes de septiembre , varias entidades extranjeras exigieron la liquidación de estas vías tras tachar de «irrealizable» el plan del Gobierno. Entre ellas figuraban The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Royal Bank of Scotland (RBS), Natixis y Deutsche IndustrieBank.

Las dudas se concentran ahora sobre el escenario que se abre tras las primeras salidas de las entidades con presencia minoritaria. Y si, como ha ocurrido tradicionalmente en el litigio de las autopistas, el efecto dominó puede dar lugar a que se extienda la posición de venta, de momento contenida , a las principales firmas financieras, que contabilizan el 70% de la deuda, cerca de 2.380 millones de euros.

Las principales entidades españolas ( el denominado G-6, formado por Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia ), de momento, no varían un ápice en sus estrategias, a la espera de conocer la decisión de la Audiencia Provincial, aunque tampoco se da por muerta la vía de la negociación con el próximo Gobierno , si bien los contactos son inexistentes desde verano del año pasado.

El Ejecutivo, por su parte, considera que, en este periodo de «impasse», el margen de las negociaciones resulta inexistente. Desde el departamento de Fomento lamentan que las entidades se opusieran al interés de los bonos (1%) por los que se canjeaba la deuda, tras una quita del 50%: el tráfico de las autopistas habría garantizado, aseguran, una rentabilidad mayor que la que reclamaban.