Los defraudadores podrán evitar la publicidad de sus condenas si reparan antes el daño

La vicepresidenta ha incidido en que se respetarán los derechos fundamentales del honor de los afectados y ha señalado que el pasado año hubo 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda pública.

Asimismo, ha recalcado que el anteproyecto prevé que sea el secretario judicial el que certifique las sentencias firmes para su publicación, aunque no en su totalidad, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo ha estudiado los diferentes informes que se han emitido sobre la retroactividad de la publicación de las sentencias y el carácter penal o no de una medida de esta naturaleza, sobre la que hay distintos criterios según las instituciones.

A este respecto, ha subrayado que el Gobierno comparte la teoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que no es una pena, "igual que no lo son algunas sanciones de ámbito económico que deben publicarse y que no se consideran normas restrictivas".

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno ha optado por una retroactividad "media", que prevé que se publiquen las sentencias que sean firmes una vez que haya entrado en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes.

En este sentido, ha asegurado que el tiempo medio de tramitación de una sentencia desde que es registrada la denuncia por la Agencia Tributaria hasta que es firme, en 2014 y lo que ha transcurrido en 2015, ha sido de 2.331 días.