Hacienda avisará por carta a los deudores antes de incluirlos en la lista de morosos

La lista de morosos recogerá a las personas físicas y jurídicas que deban más de un millón de euros a la Administración a 31 de julio de 2015 y se les haya pasado el plazo de pago voluntario. Después de esta fecha se abrirá un periodo de alegaciones en el que Hacienda notificará por carta su situación a los deudores. El objetivo es evitar publicar los nombres de aquellos que estuvieran incluidos por error y que los que no quieran salir en la lista puedan regularizar su situación y saldar sus deudas con el Fisco.

El departamento dirigido por Cristóbal Montoro publicará también la lista de sentencias firmes contra defraudadores fiscales. El secretario de Estado explicó que se está consultando con los órganos correspondientes las propuestas finales para no vulnerar derechos ni garantías jurídicas.

Asimismo, Ferre ha incidido en la obligación de las empresas que facturen más de 750 millones de euros de detallar su tributación y actividad país por país. Hacienda lo incluirá en el Reglamento del Impuesto de Sociedades que aprobará en la primera mitad de 2015. La medida es uno de los puntos estrella de la OCDE dentro del plan BEPS para luchar contra la planificación fiscal de las multinacionales. En España las empresas deberán comenzar a aportar esta información en 2017 relativa al ejercicio 2016. Hoy miércoles se abre el trámite de información pública del Reglamento del Impuesto de Sociedades y ya está disponible la propuesta del Fisco.

En principio esta obligación se circunscribe a las sociedades matriz con sede en España y no a las filiales, aunque el Gobierno podrá obtener también los datos de estas. Las autoridades de cada país serán las que informarán a otros estados de los ingresos e impuestos de las filiales de sus multinacionales.

Si España no recibe los datos que reclama a un país concreto sobre la empresa matriz o sobre la filial, tendrá capacidad legal para pedir esta información a la filial instalada en el territorio nacional. Incluso si procede de un paraíso fiscal o un país que no tenga un acuerdo de intercambio de información con España.

En caso de que la compañía rechace aportar la información, Ferre explicó que se activará un régimen sancionador contra la misma, parecido al que Hacienda aplica al no entregar la documentación requerida en actas de operaciones vinculadas.

Asimismo, el secretario de Estado restó importancia a que el hermano del director de la Agencia Tributaria redactara un documento explicativo del Ministerio de Hacienda sobre el posible delito fiscal del Partido Popular. En el texto, se comparaban las donaciones recibidas por la formación política con las de Cáritas. Precisamente, en las mismas jornadas el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez-Boga, consideró que comparar el PP con cáritas era como hacerlo «entre un elefante y una pistola».

El secretario de Estado defendió que la politización de la Agencia Tributaria es «imposible» y recordó que sólo «el 1% de los empleados» del organismo son de libre designación.