El negocio del agua quiere fluir en España

Este servicio, que consume en torno al 15% del balance hídrico de España, necesita dinero. Pero, con la crisis, el dinero escasea. Sobre todo en las Administraciones Públicas, cuyos fondos se han reducido en su lucha por cumplir los objetivos de déficit público. El presupuesto de la Dirección General del Agua ha caído un 80% en cinco años: ha pasado de 1.114 millones en 2008 a 189 millones en 2013. Esta falta de recursos ha impedido que España renueve sus infraestructuras de depuración. Una razón por la que la UE ha abierto tres procedimiento sancionadores contra España. Según José Luis González Vallvé, director general de AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones), se necesitan 15.000 millones para «cumplir los estándares europeos» en las depuradoras.

Para solucionar esta necesidad, hay que atraer inversiones. A ello no ayuda, explica Carlos Vázquez, socio del despacho Gómez Acebo & Pombo Abogados, la ausencia de una norma estatal homogénea. La gestión de las aguas urbanas ha sido regulada por múltiples normativas autónomicas y locales. Esta heterogeneidad se agudiza por la ausencia de un organismo único que regule el sector. Cada municipio de España es su propio regulador. Hay más de 8.100.

Acabar con ese goteo de criterios es la principal reclamación del sector, que pide la creación de un regulador profesional e independiente, al estilo del energético. Según fuentes empresariales, este organismo podría definir una metodología uniforme para el cálculo de los costes y las tarifas. Ello mejoraría la seguridad jurídica y, en consencuencia, atraería a los inversores. Otras fuentes del sector señalan que lo importante es aprobar una norma que «aporte criterios homogéneos», pero dudan de que sea factible crear un regulador nacional, porque las competencias sobre la gestión del agua son locales y autonómicas.

Hay más problemas. El sector se queja de que las tarifas no cubren los verdaderos costes del ciclo del agua, sobre todo los de inversión. González Vallvé cree que es muy importante que la tarifa sea «suficiente». Las ciudades europeas pagan, en general, bastante más. Como Glasgow, con 5,28 euros por metro cúbico; o Bruselas, cuyo precio es de 3,45 euros por metro cúbico; según datos de un informe de las asociaciones AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) y AGA. En España, el precio medio es de 1,59 euros por metro cúbico. Barcelona es la ciudad que más paga: 2,44 euros. Vázquez opina que, por tanto, las tarifas del agua deberán subir. Pero advierte: debido a la situación económica, tendrán que ser «subidas escalonadas» y habrá que crear una tarifa social para los más necesitados. «El agua es un bien esencial».

Fuentes empresariales también reclaman que se eliminen algunas tasas «no finalistas» incorporadas recientemente; estos cánones elevan el precio , pero no se destinan a pagar las actividades del servicio del ciclo del agua.

Todas estas peticiones han sido escuchadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha anunciado una reforma que camina en la dirección que pide el sector, aunque aún se desconocen los detalles. El ministro Miguel Arias Cañete afirmó esta misma semana que el Gobierno está preparando un anteproyecto de ley que regule el sector de forma «conjunta». Un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) estima, precisamente, que esta reforma podría impulsar inversiones por 15.700 millones de euros hasta 2021 y crear 23.700 empleos.

El otro gran problema del sector es el equilibrio territorial. En España, el agua es escasa y, sobre todo, está repartida de forma desigual. Ello ha generado, tradicionalmente, conflictos entre unas regiones y otras por su gestión y distribución. Son las «guerras del agua», más políticas que técnicas.

La división administrativa del mapa de España se hace por cuencas hidrográficas, que en ocasiones incluyen varias Comunidades. Hay cuencas que disponen de mucha más agua que otras. Son las dos Españas: la húmeda y la seca. Estos conflictos retrasaron la aprobación de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que estaban comprometidos con Europa para 2009. Estos planes asignan los recursos hídricos , de los que el regadío agrícola consume el 80%. Como destacó esta semana el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, desde que entró el Gobierno se han aprobado trece planes y los demás están en camino. De los que quedan, el más delicado es el del río Júcar.

Una vez que se aprueben los planes de cuenca, el Gobierno pondrá en marcha un gran pacto hidrológico nacional para equilibrar las necesidades de unas regiones y otras. Esa será la gran prueba que podría sellar la paz del agua . En este tema hay fuentes del sector ligeramente escépticas: grandes infraestructuras requieren grandes inversiones. Pero todo el sector celebra la determinación del ministro para arreglar la situación y buscar el consenso. «Está claro que ha cogido el toro por los cuernos», expresa González Vallvé.

A pesar de los problemas, el sector presume de la calidad del servicio. González Vallvé celebra que el agua potable llega, sin problemas, a las numerosas zonas áridas. «Es el verdadero milagro español y fuera lo reconocen».