España se posiciona a la vanguardia en sistemas de gestión de agua
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España se posiciona a la vanguardia en sistemas de gestión de agua

Según la Fundación Aquae, el marco regulador de nuestro país se configura como una referencia mundial, junto con Reino Unido y Chile

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« Nada tiene que envidiar nuestro marco regulador de agua al de otras potencias mundiales». Así lo concluye el último informe de la Fundación Aquae tras una comparativa de los servicios públicos de agua en Reino Unido, Chile y España.

Para la fundación, la participación privada en la gestión de los servicios puede darse en dos modalidades. Por una parte, Reino Unido y Chile se basan en un modelo de privatización «completa». En el primer caso, es una empresa privada la encargada de suministrar y sanear el agua para el 99% de la población de Inglaterra y Gales. En Chile, quien basó su modelo actual en el inglés, la cifra desciende ligeramente al 96% de la población. El caso de España difiere significativamente del de estos dos países, aunque no en cuanto a calidad. En nuestro país, el mercado privado y público están repartidos de manera equilibrada.

En cuanto a patrones de organización, los tres países también se distinguen. Los operadores de agua en Reino Unido están distribuidos por segmentación institucional regional; en Chile por segmentación institucional administrative; y España responden a escala municipal.

Este último factor es para la fundación lo que destaca al modelo de España frente a los demás ya que cada sistema regulador tiene sus particularidades y se puede adaptar a las estructuras y necesidades de cada región. En este caso, la flexibilidad de nuestro sistema se muestra como ventaja frente a la práctica más centralizada de Reino Unido y China.

A nivel tarifario, España establece los precios a través de la competencia de mercado en las licitaciones de colaboraciones público-privadas(PPP), donde los activos nunca se venden o transfieren a empresas privadas. Esta descentralización permite integrar elementos «locales y sensibles», eso sí, atendiendo a la directiva marco del agua de la Unión Europea.