Los interinos protestan ante el Congreso: hay trabajadores que llevan más de 30 años con contratos temporales
La precariedad en el sector público se sitúa en el 32,24%, pese a los avisos de Europa y el recorte de fondos europeos a España
La inestabilidad se dispara con trabajos temporales de sólo 37 días
La temporalidad en el sector público español se sitúa en el 32,24%, con un millón de trabajadores que, en algunos casos, llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en plazas que un funcionario de oposición no ha cubierto. «Este tipo de contratación es ... una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación». Así se han pronunciado este martes la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp), asociaciones que de forma conjunta han protestado ante el Congreso de los Diputados.
Aunque aseguran que la temporalidad está disminuyendo, desde Aicafp advierten de que se trata de «una treta», pues en lugar de hacer fijos a los empleados en abuso de temporalidad, se sacan sus plazas a concurso de oposición ordinaria, «de manera que muchos se quedan fuera y lo que se estabiliza es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del TJUE». Según sus cálculos, en el primer semestre de este ejercicio se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración, «despidos a coste cero», pero que podrían suponer al Estado 3.000 millones de euros en multas impuestas por Europa, calculando esta cantidad sobre una media conservadora de 33.000 euros por despido.
La eventualidad en la Administración dobla la de las empresas
El sindicato CSIF exige la eliminación de la tasa de reposición que prometió Escrivá
«El abuso tiene rostro: aproximadamente el 70% de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, en riesgo real de exclusión laboral. Estas personas son víctimas de un fraude masivo. Europa exige un máximo del 8% de temporalidad legal, y España está en un 32%, con más de 800.000 personas en fraude de ley. No es temporalidad: es temporalidad ilegal«, sostiene Aicafp.
Hasta 65.000 demandas
Los convocantes subrayan que, ante esta situación, se han interpuesto 65.000 demandas en los tribunales españoles y afirman que, si se despidiese a todos los empleados en fraude de temporalidad, el coste por indemnizaciones, según las sentencias del TJUE, podría suponer aproximadamente el 2,5% del PIB español.
«Su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit que obligaría a España a solicitar una dispensa ante la Comisión Europea o a emitir deuda pública de emergencia, con el consiguiente coste en intereses. Hablamos de unos 33.000 millones de euros. El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral, se encuentra fuera de todos los estándares marcados», denuncian desde Aicafp.
Los convocantes sostienen que las comunidades autónomas, que concentran el 62,66% del personal total, soportarían la mayor parte de la carga indemnizatoria, con 21.000 millones de euros. Así, por ejemplo, Andalucía, con 332.007 empleados públicos y una alta tasa de interinidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Educación, se enfrentaría a una factura indemnizatoria estimada de 3.900 millones de euros, mientras que a Cataluña, con 258.894 empleados y una estructura muy descentralizada, le costaría 3.050 millones de euros, y a Madrid, con 231.240 empleados y una alta litigiosidad en el sector sanitario, unos 2.750 millones de euros.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete