Los múltiples giros de la reforma eléctrica

La reforma eléctrica que aprobó el Gobierno el 12 de julio repartía el ajuste: a las empresas les tocó un recorte de 2.700 millones; a los consumidores, u na subida de la factura de la luz por 900 millones ; y a Hacienda, asumir 900 millones por la actividad eléctrica extrapeninsular, además de otros costes y un crédito extraordinario por 2.200 millones, ya comprometido anteriormente. Sobre las tres patas, en principio no iba a ver déficit de tarifa en 2013. Por fin, el contador a cero. Con la negativa de Hacienda, el agujero vuelve a crecer: este año se generará un déficit que rondará los 3.600 millones .

Para evitar que ello suponga una inmediata subida de la luz, el Gobierno aceptó el miércoles que el Estado avale esos 3.600 millones de deuda que las eléctricas titulizarán en el mercado. Hasta que se alcanzó el acuerdo, las eléctricas afirmaron que absorber ese déficit necesitaría un incremento de la factura de la luz del 12% . Los analistas del mercado asumían esa subida : Bankia Bolsa la situaba en un 10%. Según fuentes del sector, si el Estado no avalara esa cantidad, tendrían que elevarse los peajes de acceso (la parte regulada de la tarifa; la otra parte, la de generación de energía, se fija en una subasta trimestral en el mercado).

Para que salga adelante, el Gobierno reclamó que las empresas se comprometan a retirar sus recursos contra la generación del déficit. Ayer mismo, el ministro de Industria, José Manuel Soria , afirmó que, si ese acuerdo entre eléctricas y Gobierno no se materializa, el precio de la luz sí podría verse afectado.

El déficit de tarifa , el desequilibrio entre los costes regulados y los ingresos del sistema, ya alcanza 23.159 millones de euros (después de las últimas colocaciones en el mercado) y preocupa mucho al Gobierno; pero preocupa menos que el déficit público. Esa es la razón por la que, ahora que se acerca el cierre del ejercicio, Hacienda ha dado marcha atrás.

Cualquier intento de trasladar, en la actual carrera por ajustar las cuentas públicas, ciertos costes energéticos a los Presupuestos Generales del Estado choca con una puerta blindada en Hacienda: el objetivo de déficit público (del 6,5% este año ), la prioridad número uno del Gobierno de Rajoy. Esos 3.600 millones de euros supondrían en torno a tres décimas más de agujero en las cuentas públicas.

Sin embargo, en ese conflicto late uno de los grandes problemas del sector. La mayoría de las empresas eléctricas argumenta que la principal causa del déficit tarifario es que los Gobiernos han introducido en la parte regulada de la tarifa de la luz costes que no son eléctricos propiamente dichos. Como el sobrecoste por generar energía en los archipiélagos o los incentivos por consumir carbón nacional . Esos conceptos, según las eléctricas, son decisiones políticas: ya sean de política energética, industrial o social, y deberían ser partidas presupuestarias. No son costes de generación ni de distribución y transporte. La misma crítica realizan las eléctricas tradicionales hacia las primas que incentivan la producción con energías renovables , por considerarlas una decisión política. Una decisión en la que influye Bruselas , que ha establecido objetivos ambiciosos para 2020 .

La introducción de dichas partidas, (y de otras, como la amortización de los déficits anteriores), en cualquier caso, ha elevado los costes regulados. Una tendencia que ha conducido a un callejón con dos salidas: cuando los Gobiernos han repercutido dichos incrementos, ha subido el precio de la luz ; cuando no lo han hecho, se ha generado déficit de tarifa .

¿2014, año sin déficit?

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno en julio de 2013 sienta las bases para que no vuelva a generarse déficit. La nueva normativa desarrolla mecanismos automáticos para ajustar ingresos y costes regulados; es decir, no podrán dejar de repercutirse las subidas de los costes en los peajes de acceso . A partir del año que viene, si eso se cumple, no volverá a haber déficit; pero si los costes siguen siendo elevados, subirá automáticamente el recibo de la luz . Aún así, este ajuste «automático» dependerá del Gobierno, apuntan fuentes del sector, que tienen dudas de que se atreva a repercutirlo tal cual. O lo que es lo mismo: auguran que sí habrá déficit de tarifa.

Las mismas fuentes afirman que tan importante o más que el traspaso de ciertos costes regulados a presupuestos es la liberalización del sector. Debe haber más competencia. «Hablamos de tarifas y debemos hablar de precios». Según estas fuentes, ahora se vende más energía en contratos a plazo que en el mercado mayorista .

Una de las dudas que queda por despejar es el peso de los costes que suponen las energías renovables , cuyas primas han sido una partida importante de los costes regulados en los últimos años, sobre todo desde 2005. La reforma ha cambiado el sistema de primas por una nueva rentabilidad , basada en una fórmula cuyos parámetros aún no ha desvelado Industria.

Por su parte, las empresas renovables rechazan el discurso de las eléctricas tradicionales por señalarlas como culpables. Las tecnologías verdes argumentan que la reforma también debería revisar la parte de la factura que se fija en el mercado, por existir privilegios a favor de las eléctricas .

Además, esa otra mitad del recibo de la luz (la relativa a la producción de la energía) se determina en un mercado disparado en el último mes, en máximos desde 2006, lo que también conduciría hacia un alza de la tarifa.

Para no haya grandes subidas de la luz, la esperanza está en la recuperación de la demanda eléctrica , algo dudoso. En 2012, según datos de Red Eléctrica, se situó en niveles de 2006, con una caída acumulada del 5,1% en cuatro años . En septiembre y octubre de este año la demanda industrial ha tenido los primeros incrementos de los últimos dos a ños , bastante modestos eso sí. La demanda depende, claro, de la actividad económica general.

La reforma energética ha vuelto a dar otro giro y lo que sostenían tres soportes apunta hacia dos de ellos.