Fiscalía pide imputar al expresidente del Comité de Árbitros Sánchez Arminio por el presunto desvío de 8 millones

En el informe de la fiscal, Anticorrupción se adhiere a varias de las diligencias solicitadas por La Liga si bien rechaza que se investigue por estos hechos a la propia RFEF.

En el escrito, la fiscal recoge que la Liga interpuso recurso frente a un auto de 23 de enero que denegaba determinadas diligencias con el objeto de esclarecer los motivos y circunstancias que llevaron a que desde 2009 a 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por La Liga a la RFEF a fines distintos de los previstos en los convenios de coordinación suscritos.

El juez instructor, Alejandro Abascal, indicaba que si bien no eran pesquisas sorpresivas, sí eran «irregulares» dada la fase procesal en que se solicitaba, casi finalizada la instrucción. La Liga quería citar a declarar como investigados tanto a Sánchez Arminio como a Ángel María Villar --ya imputado-- y Raúl Massó, quien es en la actualidad coordinador de partidos en RFEF.

Para Abascal, era un «llamamiento tardío de nuevos investigados» y podía conllevar un posible menoscabo de su derecho de defensa. Además, aducía que las personas propuestas ya habían comparecido como testigos en 'Soule' «sin que se aporte ningún indicio nuevo».

Pero el Ministerio Público indica que «es indudable» que las declaraciones propuestas están relacionadas con los hechos objeto de investigación, y recuerda que se indaga en «la presunta desviación de fondos aportados por La Liga a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos».

Así, de Sánchez Arminio, la fiscal recuerda que era el presidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1993 a 2019, y miembro de la Comisión Arbitral para la competición oficial de ámbito estatal y carácter profesional que regula los convenios de coordinación Liga-RFEF. De Raúl Massó apunta que era secretario general técnico del Comité de Árbitros desde 2002 al 2018, y de Ángel María Villar que era el presidente de la RFEF. Apunta que a Villar no se le ha oído en declaración sobre estos hechos concretos.

Por eso, considera que «no puede compartir el fiscal la argumentación de un llamamiento tardío en la condición de investigados» de Sánchez Arminio y Massó si se atiende a cual ha sido el transcurso de la investigación, que se demoró por la designación de peritos pero que tras acordarse la diligencias periciales ha tenido «un correcto ritmo procesal».

Violán explica en su escrito que los convenios de coordinación no se limitan a establecer el régimen de relaciones económicas entre la RFEF y La Liga, y las aportaciones dinerarias, sino que regulan todos aquellos aspectos de la organización de las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional.

Así, enumera que incluyen el calendario deportivo anual, los ascensos y descensos entre las competiciones profesionales y no profesionales, la contratación, inscripción y alineación de futbolistas extranjeros y otros aspectos deportivos de la relación como son las normas de inscripción de jugadores en la competición profesional.

Recuerda que esos convenios otorgan además al Consejo Superior de Deportes (CSD) facultades para resolver ante la falta de acuerdo, y apunta que tiene total competencia para hacer cumplir a ambas asociaciones deportivas las obligaciones recíprocas asumidas.

Y dice que las aportaciones económicas de La Liga a la RFEF traen a su vez causa «de la normativa reguladora de la distribución de la recaudación y premios en las Apuestas Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, concretamente, de la recaudación de las quinielas».

Violán explica que de los informes periciales y de las testificales se extrae que La Liga por tanto percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendado un órgano del CSD. Añade que una de las obligaciones es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar justamente las derivadas del pago de los derechos de arbitraje de las competiciones profesionales de fútbol, y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente, «requiere previa comunicación y acuerdo favorable de la comisión del CSD».

Así, indica que esos pagos se materializan «a través de los convenios de coordinación que La Liga suscribe con la RFEF», y que los informes periciales «revelan que las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales, exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que no han sido destinados a su fin».

Suma a esta revelación que la instrucción ha permitido conocer que por decisiones internas de la federación en las que habría intervenido tanto Villar como Massó, en relación con los honorarios y otros gastos arbitrales, «se destinó parte de dicho importe a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios».

Violan, en su informe indica que la RFEF ha aportado a la causa la documentación justificativa de los gastos sufragados con aportaciones de La Liga en virtud del convenio, y reflejan los honorarios arbitrales, alojamientos, dietas, etc. Y añade que no consta en la pericial el análisis de esa documentación, por lo que entiende que debe ser la IGAE quien debe ampliar esa pericial «y determinar si los 7.999.013,18 euros no justificados en honorarios de los árbitros, o un porcentaje de ese importe, proviene de la recaudación de las quinielas y si ha habido desviación de fondos públicos».

Se da la circunstancia de que este mismo martes trascendió que La Liga había solicitado al juez que instruye 'Soule' que investigue una serie de pagos que hizo este organismo al hijo del ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira durante la etapa de Villar.

Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez. Las fuentes consultadas apuntan que en su día La Liga ya pidió en el marco del 'caso Soule' que la RFEF aclarara una serie de pagos que estarían injustificados, pero que una vez conocido el ya denominado 'caso Negreira' ha insistido en aclarar este extremo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó el pasado agosto prorrogar sus pesquisas sobre 'Soule' a la espera de recibir varios informes pendientes.

En los últimos remitidos por la Intervención General del Estado (IGAE), se advertía al instructor de la existencia de irregularidades de distinta índole en las obras y la construcción de varios campos de fútbol en España.

Fue la semana pasada cuando se conoció que la Fiscalía de Barcelona investigaba el pago de 1,7 millones que, presuntamente, el FC Barcelona habría hecho a Enríquez Negreira.