Petro busca un aval científico a sus planes sobre el galeón San José

«Espero que los expertos que han invitado no vayan a ser cómplices de lo que el gobierno Petro viene promocionando» porque «el evento tiene como objetivo legitimar académicamente su caprichoso deseo de extraer artefactos del galeón San José, sin una justificación científica», sostiene el arqueólogo Juan Guillermo Martín, profesor de la Universidad del Norte y delegado designado por la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (RUPCS) para acudir al congreso.

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Juan Guillermo Martín

Esta asociación, integrada por una veintena de arqueólogos, historiadores y profesores colombianos, ha venido mostrando su desacuerdo con la falta de transparencia y las prisas del gobierno colombiano por «sacar» el tesoro del galeón español, hundido por una escuadra inglesa frente a Cartagena de Indias en 1708 con 600 personas a bordo y un valioso cargamento de oro, plata y joyas. Del oscurantismo que envuelve al galeón da muestra la invitación del congreso, que no informa sobre los «expertos nacionales e internacionales» que intervendrán, en qué orden o qué temáticas abordarán, algo habitual en la organización de estos eventos académicos.

El arqueólogo español Arturo Rey, que desde que trabajó en la Unesco ha seguido con interés el tema del galeón San José, es uno de los que ya ha confirmado su asistencia. «Espero que el congreso sirva a Colombia de garantía de que la comunidad científica internacional está de su lado, si se apuesta por la ética y buena práctica científica», subraya el profesor de la Universidad de Edimburgo. Para Rey, «todo parece mostrar que Colombia está dando ahora los pasos correctos».

El argentino Nicolás Ciarlo, también invitado, no entra a valorar esos pasos porque «es justamente lo que van a informarnos a varios colegas internacionales en el evento». Este experto del Conicet entiende que «el objetivo general, además de entrar en autos sobre el tema de primera mano, es poder discutir y consensuar entre todos un plan de gestión, investigación y preservación del pecio».

Las fechas para intervenir en el pecio, sin embargo, ya están sobre la mesa. El ministro de las Culturas Juan David Correa informó el 1 de febrero que «entre abril y mayo» la Armada colombiana realizará «la primera extracción de materiales» del pecio. Con su declaración, Correa pretendió «dar un parte de tranquilidad», asegurando que los ministerios de Defensa y Culturas aportarán 18.000 millones de pesos para llevar adelante el proyecto y se transmitirá por las redes sociales todo el proceso. Pero como ocurriera con el Plan de Manejo Arqueológico dado a conocer en diciembre por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), no disipó las dudas sobre la suerte que va a correr el yacimiento declarado BIC, acrecentadas por declaraciones difusas y a veces contradictorias de las autoridades. Los críticos se preguntan por «cuál es el verdadero plan del gobierno para extraer el galeón San José».

Como patrimonio cultural sumergido, el galeón es inalienable, inembargable e imprescriptible. De ahí que la urgencia del Petro por sacar los tesoros del pecio «lo antes posible» encendiera las alarmas en noviembre. «Esta es una de las prioridades de la administración Petro», afirmó entonces Correa. Tras una reunión con Petro, el ICANH y la Armada en diciembre, el ministro volvió a hablar de «una primera extracción» pero de «algunas piezas que están allí en el lecho, no vamos a excavar nada, están sobre el lecho marino a 600 metros de profundidad, para ver su comportamiento» aunque a renglón seguido añadió que después «pensaremos en una segunda extracción», cuyo alcance no desveló, «para hacer una muestra que es lo que nos comprometimos con el señor presidente».

Según Correa, las piezas extraídas irían a un laboratorio en la sede de la Armada, aunque en su carta abierta de febrero admitió que «se encuentra dispuesto para su dotación», por lo que no cuenta aún con lo necesariopara su conservación.

Sorprendió que tras las primeras declaraciones del ministro, la directora del ICANH asegurara en enero en W Radio Colombia que «no se va a extraer el galeón San José». «Lo que vamos a hacer es una investigación arqueológica», insistió Alhena Caicedo, en línea con el Plan de Manejo, que «privilegia la no intervención» y «la conservación in situ o la conservación de pocos elementos obtenidos del contexto para contestar preguntas».

¿Cuáles? «No hay preguntas porque no hay proyecto», destaca Juan Guillermo Martín. Por lo menos, «no está disponible en ningún lado», añade. Según el ICANH, el Plan de Manejo es «una versión previa». «No es un proyecto de investigación», admitió su directora ante las críticas de los académicos que han denunciado que «presenta vacíos y debilidades». «Si dicho documento hubiese sido presentado por terceros, no habría sido aprobado por el ICANH», aseguran desde la RUPCS. Ni siquiera se menciona quién lo ha elaborado. Las autoridades colombianas remiten siempre a un equipo del ICANH y Dimar, apoyado por el Ministerio de las Culturas y la Armada, pero no han dado a conocer los nombres de los que están detrás de los planes para intervenir en el pecio.

Si le pidieran consejo a la arqueóloga española Ana Crespo, del CSIC, plantearía «una recogida de muestras de la estructura en conexión del galeón» porque «es un barco muy importante para conocer la transición de la construcción naval de finales del siglo XVII». Sin embargo, «esto nadie lo dice» y «se hace demasiado hincapié en los tesoros», se lamenta. Y es que por mucho que los técnicos hayan instruido a los altos cargos para que no hablen de «tesoro» y eviten decir «sacarlo», los críticos colombianos observan que «entre la espuma de tanta corrección política sigue emergiendo, como punta de iceberg, el imperativo de su urgente extracción».

Aunque se desconoce el valor real del cargamento del galeón, se ha llegado a estimar en 20.000 millones de dólares. De ahí el interés de los cazatesoros de Sea Search Armada, que afirman haber hallado el galeón en 1982, y de Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), que descubrió el pecio en 2015 y firmó con el gobierno de Juan Manuel Santos una alianza público-privada para extraer la carga a cambio de la mitad del botín. La APP fue suspendida durante el mandato de Iván Duque, pero José María Lancho recuerda que «la presencia de MACS es un hecho jurídico». Este abogado explica que MACS y sus socios adquirieron frente a Colombia derechos importantes y no fueron remunerados ni compensados cuando se cerró el expediente, sus derechos de hallazgo ejercitables al menos frente a Colombia no se cedieron, ni nadie renunció a ellos gratuitamente. «La explicación más coherente en este extraordinario contexto y por la que MACS no ha demandado a Colombia es porque un procedimiento informal, todavía abierto, mantiene a esa empresa o a su entorno como adjudicatarios de facto del proyecto del galeón», sostiene.

Se sabe que Roger Dooley, cerebro del plan fracasado de MACS, se reunió con Petro en sus primeros días de gobierno y al menos en una reunión estratégica estuvo presente el exdirector del ICANH Ernesto Montenegro, uno de sus promotores durante el gobierno Santos. Además, el propio Correa dijo en noviembre que Petro había apremiado a establecer una APP y el ministro la justificó «por el costo tan alto que significa una extracción». Calculaba «hacia mayo o junio lanzar la APP». Para Emilio Piazzini, de la Universidad de Antioquia, «el gobierno de Petro debe deslindarse de ese proceso de mercantilización» y «anunciar que no se sigue ningún tipo de negociación con MACS».

España ha venido defendiendo que el galeón San José es un barco de Estado español, tumba de 600 personas y como tal, tiene inmunidad soberana, pero aún no hay ninguna propuesta por parte del Ejecutivo español en la mesa de Petro. Desde el ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun se limitan a señalar que tratará con «voluntad de cooperación» las actuaciones del gobierno colombiano.