La justicia reactiva la causa de los votos falsos de la SGAE

El caso viene de lejos, concretamente desde marzo de 2022, cuando Ezpondaburu, por entonces ya fuera de la SGAE, de donde fue despedido, acudió al juzgado con una querella contra varios altos cargos al dar por acreditada la «existencia de una red organizada de falsificaciones que ha ido manejando la voluntad de los socios en función de su interés» en cuatro asambleas, que es el órgano supremo de expresión de los 120.000 socios que integran la entidad. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid admitió a trámite esta querella en octubre del año pasado, pero solo en lo referido a la asamblea de junio de 2021, y se inició así un carrusel de recursos que la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto ahora, más de un año después.

En un auto, al que ha tenido acceso ABC, la Sala estima en parte los recursos presentados por Ezpondaburu y el socio Rafael de Tena, que se adhirió a la querella, y ordena a la juez de instrucción que admita a trámite la denuncia «en relación con la totalidad de los delitos de falsedad objeto de la misma», es decir, de las cuatro asambleas mencionadas y las elecciones de octubre de 2020, también incluidas en la querella. El Juzgado de Instrucción deberá investigar igualmente otro supuesto delito de administración desleal que tiene que ver con el abono de honorarios de consultoría a empresas que nada tenían que ver con el objeto social de la entidad y que tenían relación con un directivo de la SGAE.

Con este fallo, el Juzgado de Instrucción debe retomar ahora la causa y en las próximas semanas (o meses, quién sabe con los tiempos de la justicia) empezará a haber imputaciones relevantes. El cargo señalado más relevante en la actualidad es Antonio Onetti, presidente de la SGAE desde octubre de 2020, a quien Ezpondaburu acusa de estar al tanto de esa supuesta trama de falsificación de votos. Entre los querellados también figuran Iván Restrepo, que ya abandonó la entidad; y también Iván García-Pelayo y Joaquín Oltra, por entonces directores de Relaciones Institucionales y de Sistemas, respectivamente. La Sala, en su auto, desestima por el contrario el recurso de los querellantes en lo relativo al reparto de derechos a Atresmedia y Mediaset, al entender que ese tipo debe dilucidarse en otra instancia judicial. Tampoco acepta la Sala los argumentos para retirarle a la SGAE su personación en la causa.

El inicio de esta polémica que afecta a la SGAE se remonta a junio de 2021. Fue en esa asamblea cuando Ezpondaburu, entonces secretario general, detectó que 32 de 33 delegaciones de votos presentadas eran falsas. Según la denuncia, se trataba de escaneos de las firmas que constan en las fichas de los socios depositadas en la SGAE y afectaba a más de mil votos computables, suficientes para decidir el sentido de una votación. La entidad realizó una investigación interna, con un detective y con la realización de una treintena de informes periciales. ¿La conclusión? Que ese mismo 'modus operandi' se habría realizado en tres asambleas anteriores. En julio de 2021, la SGAE interpuso una denuncia, pero unos meses más tarde Ezpondaburu, ya apartado, presentó a título particular una querella contra varios altos cargos.

Los autores cuyas firmas fueron manipuladas o falsificadas tenían una media de 30 votos, esto es, de figuras consagradas en el ámbito de la música o el audiovisual. ABC ya informó en su día de que Benjamín Prado, Camela o Cesc Gay fueron algunos de los afectados. Todos ellos negaron haber delegado sus votos en las asambleas sospechosas, y en cambio sus firmas aparecían allí. En la práctica, esto suponía unos mil votos con los que se podía decidir en un sentido u otro el resultado de votaciones que, entre otras cosas, han modificado las normas de reparto de derechos. La SGAE siempre ha defendido que las falsificaciones de la asamblea de junio de 2021 fueron detectadas a tiempo y no computaron. Esto no ocurre con las asambleas de 2020. En ellas, el voto delegado supuso entre el 36 y el 68 por ciento del total de votos emitidos. Tras conocerse las irregularidades, las delegaciones de voto disminuyeron hasta casi desaparecer en las siguientes asambleas de la SGAE.