Cultura empieza a retirar el amianto del ministerio con tres años y medio de retraso

Según ha informado el servicio de prensa del ministerio y este diario ha podido confirmar con fuentes sindicales y los contratos licitados, durante el mes de octubre se van a realizar las catas, es decir, el estudio de la zonas afectadas para marcar los protocolos a seguir en la retirada de las placas que contienen crisolito, principal componente del amianto. La segunda fase se empezará a ejecutar a mediados de noviembre, según las previsiones que maneja Cultura, con la retirada de los materiales afectados y su sustitución por placas nuevas. En principio, según ha comunicado el ministerio a los sindicatos, se tardará alrededor de una semana en desamiantar cada planta; hay afectadas seis y un sótano. La idea es que esos días los empleados teletrabajen.

Esta información ha sido comunicada de manera verbal por parte del ministerio a los sindicatos en una reunión a la que no asistió Comisiones Obreras, el más beligerante en esta cuestión. Emilio Murcia, de CC.OO., es el delegado de Prevención y Riesgos Laborales, y él no ha sido notificado aún de manera oficial, a través del Servicio de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud Laboral, como ha venido solicitando desde hace meses.

Las empresas adjudicatarias para estos trabajos son Tragsa (licitación de 454.570 euros) y Segipsa (30.983 euros), ambas sociedades estatales. El encargo a Tragsa señala que «la realización de los trabajos de desamiantado y retirada de paneles de aislamiento de fachada en la sede central del Ministerio de Cultura» es una «medida necesaria para prevenir el riesgo que el amianto entraña para la salud de los trabajadores que prestan servicio en el edificio afectado». Al respecto, Cultura insiste en que «cada quince días se realizan mediciones ambientales de fibras de amianto que, por el momento han dado, en todas las ocasiones, resultados muy por debajo de lo que marca la normativa vigente».

La actual sede del ministerio es un edificio construido como sede del Banco Urquijo en los años 80, época en la que el amianto fue utilizado de forma masiva en la construcción de tejados, recubrimientos o tuberías. El riesgo de este material es que, cuando se producen roturas o deterioro por el paso del tiempo, se pueden desprender partículas que en algunos casos derivan en enfermedades respiratorias o tumores. Una empresa contratada por el ministerio para hacer mediciones periódicas ambientales indicaba en sus informes que aún no hay protocolos que hayan podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña ningún riesgo de cáncer. La sede del ministerio (el edificio que está frente a la histórica Casa de las Siete Chimeneas, la otra sede de Cultura, libre de amianto) dispone de unos 900 puestos de trabajo en su interior.

La presencia de este material tóxico se descubrió en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia del Covid, mientras se realizaban unas obras de acondicionamiento en la planta quinta. De manera urgente, se retiraron las placas contaminadas y se congelaron otras obras que habían comenzado unas semanas antes en la planta segunda, donde entonces se ubicaba el despacho del exministro Uribes. Estos trabajos se paralizaron y la planta quedó inutilizada. Entonces se construyeron unos nuevos despachos para el ministro y su gabinete en la planta quinta, el que ha ocupado Miquel Iceta. Para ello se tiró abajo la cafetería, donde los trabajadores podían comer a un precio económico. Hubo una recogida de firmas para restablecer ese servicio, pero no sirvió de nada. En todo este tiempo, tampoco no ha habido tampoco avances para retirar el amianto, ante las quejas de los trabajadores.

La idea del Ministerio de Cultura, una vez el edificio quede libre de amianto, es continuar con la «renovación general del cuerpo edificado central del conjunto, por fases, para la mejora de sus prestaciones, optimización de espacios, adecuación de la accesibilidad y resto de normativa de seguridad, mejora de la eficiencia energética y renovación de sus instalaciones». El Ayuntamiento de Madrid dio en mayo el visto bueno a realizar estos trabajos en la segunda planta del edificio. El proyecto de obras presentado al Consistorio indica que «no se plantea restituir la función» de la cafetería a la planta quinta. El presupuesto de estos trabajos rondaría los 2,4 millones de euros. El ministerio tardó casi un año en recibir el visto bueno porque el Ayuntamiento requirió nueva documentación, «a la vista de la posible suspensión de la licencia, si las obras afectaban a los elementos protegidos por la catalogación, básicamente las fachadas».