Puigdemont consuma su desacato judicial y no devuelve a Aragón el arte de Sijena

«Es un insulto al Estado de Derecho», afirmó ayer la consejera aragonesa de Cultura, la socialista Mayte Pérez . «Es surrealista», remarcó por su parte el abogado que defiende los intereses del ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español . «Lo que está haciendo la Generalitat en este particular no solo es un desacato continuado, sino anunciado: dicen por anticipado que van a cometer el desacato y luego lo consuman, y lo peor es que no les pasa nada por ello», afirmó el letrado de este pequeño ayuntamiento oscense cuyo alcalde, Ildefonso Salillas , ha acorralado judicialmente a la Generalitat tras 22 años de lucha.

La colección que un día perdió el Monasterio de Sijena aún no ha regresado al completo, pero el veterano alcalde sí ha logrado que la Justicia dé la razón a su pueblo frente la Administración catalana.

Tras perder en los juzgados, la Generalitat ha optado por la desobediencia judicial. El primer desacato lo cometió hace un año, cuando ignoró la primera orden dictada por la juez oscense que lleva el caso. Obligó a la Generalitat a devolver, antes del 25 de julio de 2016, las 97 obras de arte de Sijena que compró ilegalmente entre los años 1983 y 1994. Al igual que ahora, el Gobierno catalán incumplió la orden judicial con pública premeditación. Por entonces era Santi Vila quien estaba al frente de la Consejería catalana de Cultura. Desde el pasado 4 de julio es Lluís Puig , incorporado por Puigdemont a su gabinete tras la purga que llevó a cabo para atrincherarse en un gobierno compuesto íntegramente por convencidos independentistas –Vila ha pasado a dirigir la Consejería de Empresa–.

Hace un año, el día del ultimátum judicial fue el 25 de julio. La jornada se agotó sin que volviera a Villanueva de Sijena ni una obra de arte de las 97 que tenían que regresar. Al día siguiente, fuera de plazo, arribaron 51. Pero la Generalitat retuvo premeditadamente las 46 restantes –44 están en el Museo de Lérida, y ayer se esperaban en Sijena; y otras dos están en paradero desconocido, porque afirman las autoridades catalanas que deconocen su ubicación–.

En contra del criterio legal que sostiene Villanueva de Sijena, aquello no ha tenido consecuencia penal alguna para las autoridades catalanas. Ni por desobediencia a la autoridad judicial (desacato) ni por apropiación indebida, los dos ilícitos penales en los que se habría incurrido en este caso, en opinión del abogado Jorge Español.

A principios de este verano, la misma juez de Huesca volvió a requerir a la Generalitat para que devuelva las piezas que aún no ha reintegrado al Monasterio de Sijena. Esta vez, la magistrada advirtió expresamente de que habría consecuencias penales en caso de incumplimiento. Pero esta advertencia tampoco ha hecho reblar a la Generalitat, y Lluís Puig se ha estrenado como consejero de Cultura con un desacato consumado que el propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras , justificaba ayer con una particular tesis jurídico-política: «Más allá de la ley y de su interpretación, que estoy convenido de que nos asisten, también hay razones de conciencia». Hace muchos meses que el gobierno independentista de Puigdemont exhibe el caso de Sijena como una prueba práctica de «desconexión» con el Estado, al sostener que las «leyes catalanas» están por encima del Estado de Derecho español.

La Generalitat desacató de nuevo a la juez la semana pasada, al no presentar el plan de traslado de las piezas que le había requerido la magistrada. Y el tercer desacato en este proceso lo consumó ayer, al no entregar las obras de arte.

Ahora queda por ver qué hace la juez oscense. La parte aragonesa le ha pedido que, de inmediato, se mande a la Policía Nacional o a la Guardia Civil a incautarse de esas 44 obras de arte aragonesas que la Generalitat retiene en el Museo de Lérida, del que también participa el Obispado ilerdense junto a otras instituciones locales. Queda por ver si la juez envía a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y, en tal caso, cuándo las manda. Y es que a efectos judiciales el mes de agosto es inhábil, lo que podría aplazar la intervención hasta septiembre.