Exprimiendo la ley para paralizar los desahucios

Se trata de «un fenómeno inabarcable» al que un grupo de abogados voluntarios lleva intentando poner freno desde hace varios años, buscando cualquier estrategia legal valida para detener los desahucios de los afectados que llegan pidiendo ayuda. «Una de las cuestiones más sangrantes en nuestro país es que más del 70% de los procedimientos de desahucio se producen sin ningún tipo de defensa por parte de los afectados frente a los bancos», explica a ABC Rafael Mayoral , uno de los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid.

Tras cumplir con su jornada laboral –la remunerada–, sacan horas de donde pueden para intentar estudiar cada caso que les llega. Pronto no dieron abasto y comenzaron a celebrar también asambleas de asesoramiento jurídico colectivo , donde cada procedimiento puede servir de apoyo a los otros. Con toda la información recabada, algunas comisiones convocan además reuniones de coordinación interna para estudiar los casos más urgentes y avanzar en las estrategias jurídicas más viables de cara a futuros desahucios.

«La gente que viene está completamente perdida, y salen de aquí con una actitud completamente diferente», cuenta Javier Rubio , también abogado de Madrid.

Pero no es tan fácil. En «esta batalla legal entre David y Goliat», los éxitos se cuentan con los dedos . «Hay muy pocas vías para oponerse a un procedimiento de ejecución y son prácticamente imposibles. A partir de ellas, nos inventamos de todo. ¿Sabemos que no nos va a hacer caso? No importa, hay que intentarlo, porque en alguna ocasión puede que nos lo hagan», asegura María José , abogada de Valencia

Estos profesionales del derecho echan mano de toda vía que tienen a su alcance: la normativa europea, los acuerdos sobre derechos humanos y económicos, la Ley de Enjuiciamiento Civil , la dación en pago , los errores de forma en los procedimientos, brechas en la Constitución o denuncias por «abuso» a los bancos por desalojar un piso que van a dejar vacío. «En 2008, un juzgado de Elche ya emitió una providencia en la que exigió a la entidad financiera que debía permitir a la familia seguir viviendo en la casa hasta que acreditase el uso que se le iba a dar al inmueble, alegando que no podían acaparar pisos y dejarlos sin uso », recuerda Javier Rubio.

Según los datos del Censo de Vivienda, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen 3,4 millones de viviendas vacías en 2013, un 10,8% más que en 2001. «Las viviendas están para que la gente viva en ellas», subraya Mayoral.

María José reconoce que aún encuentra «más satisfacción que insatisfacción» en una lucha que les ha traído muy pocas resoluciones contra bancos en su ciudad. «Esto va despacito. Después de mucho pelear por muchos afectados, al final se consiguen determinadas resoluciones, así que podemos estar contentos de que por lo menos tengamos estas», defiende.

Una de las vías en la que más hincapié han hecho son los tratados internacionales firmados por el Estado, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , que establecen que «se debe garantizar el derecho a la vivienda y que están prohibidos los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional », cuenta Rubio.

Creen que los jueces españoles están incumpliendo la propia Constitución española, donde se establece que las leyes españolas deben ser interpretadas de acuerdo a estos tratados internacionales, los cuales, desde su misma ratificación, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno . «Si no se plantean la suspensión de los desalojos por motivos humanitarios en casos de vivienda habitual, están violando la legislación europea y los derechos humanos», subraya Mayoral.

María José puntualiza: «No tratamos de parar un desahucio porque sí. Si es una segunda vivienda, mala suerte . Sólo actuamos cuando es la vivienda habitual, en los casos en los que, por circunstancias ajenas a su voluntad, como pueda ser la crisis, esas personas se vean imposibilitadas a hacer frente a su hipoteca ».

Otra brecha jurídica que encontraron tenía que ver con el procedimiento de ejecución extrajudicial, declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en 1998, pero que CiU volvió a introducir en 2000 con otro nombre: «Venta extrajudicial». A través de esta, el banco puede quedarse con el piso al 60% del valor al que él mismo lo tasó en el momento de la firma si nadie lo compra en la subasta pública a su precio original. Algo que, en estos tiempos, no suele ocurrir.

«Presentamos un escrito de oposición alegando que no pueden ejecutar la vivienda en base a este título, porque contiene solo un pacto de “venta extrajudicial”, pero en ningún caso de entrega del bien. En el contrato presentado eso no aparece», explica la abogada valenciana.

También han denunciado en algunos desahucios la cláusula suelo , que ya ha sido declarada nula, por «abusiva», en varios tribunales españoles . «La intención no es que se suspenda la ejecución hipotecaria –apunta María José–, sino que se descuenten las cantidades abonadas por esta cláusula para que el afectado no tenga que seguir pagando la deuda una vez perdido el piso».

Patricio , otro abogado de 42 años que colabora con esta cruzada en Zamora, cuenta que «la gente llega ya con el desahucio encima de la mesa y poco se puede hacer ya legalmente. Lo que intentamos entonces es buscar errores de forma en el procedimiento. Pero eso tampoco suele servir y, además, aumentan las costas del proceso que recaen sobre el propio afectado, que ya de por sí no tiene dinero».

A raíz de este problema, en Valencia, María José y los otros abogados comenzaron a «solicitar la asistencia jurídica gratuita para evitar la condena en costas, que puede llegar a los 40.000 o 50.000 euros según el valor de la vivienda . Es un ahorro fundamental para los afectados», afirma.

La dación en pago es quizá la batalla más mediática , de la que ya se hicieron eco los partidos durante la campaña electoral y que el Gobierno de Mariano Rajoy ha introducido a través de un código de buenas prácticas , sin carácter obligatorio. Una medida que ellos consideran tibia: «Lo que la ley tendría que hacer es obligar a los bancos a plantear la dación como norma general para todas la hipotecas y con efecto retroactivo. Pero eso está a años luz de lo que plantean», comenta Patricio, que en Zamora.

«Al no aceptar la dación, el banco suele cobrar más de lo que le deben . Tendría que darse más que satisfecho con la vivienda. Si no, estaríamos hablando de enriquecimiento injusto», añade María José, que se pregunta por qué no la aceptan en más ocasiones. Su respuesta es clara:«Porque no quieren la vivienda como única garantía, por la sencilla razón de que para qué quedarse con menos si pueden quedarse con más».

Para Mayoral esta situación significa « la muerte civil de la persona , porque se le inscribe inmediatamente en el registro de morosos y está condenada a vivir en los márgenes de la ley, en la economía sumergida, trabajando en negro y no declarando lo poco que gane para que no se lo embarguen».

Hasta el día de hoy han aparecido algunas sentencias pioneras con varias de estas estrategias . Pequeñas brechas que intentarán seguir explotando y que, según dicen, interpretan la ley de manera más acorde a la nueva realidad social, en la que «muchos trabajadores, por razones ajenas a su voluntad, se ven ante la imposibilidad de hacer frente a la cuota hipotecaria».

Y hablan de aquella casa de Tetuán que logró la dación en pago por parte del BBVA . Y de aquella otra sentencia a favor de un desahuciado en Elche, en julio de 2008. O de las paralizaciones en Madrid y en toda España. Y de otros abogados que poco a poco se van sumando a la causa. Y del banco al que han llevado a juicio por estafa. Pequeñas victorias en una guerra que parece imposible.

«Nosotros decimos que cuando tú tienes una hipoteca y no puedes pagarla, tienes un problema; que cuando miles de personas no pueden pagarla, el banco tiene un problema, pero que cuando centenares de miles de personas tienen una hipoteca y no pueden pagarla, el estado tiene un problema », concluye Rafael Mayoral.