La Defensora del Pueblo pide dación en pago en casos extremos

Asimismo, el informe «Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo», que la institución ha presentado al Parlamento, señala otro grupo de soluciones para los hipotecados que pasan por la supresión de tasas, la moderación de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago.

Del mismo modo, se podría permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias. La Defensora del Pueblo considera que tanto la vivienda habitual como un local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad a través de otras figuras jurídicas como el arrendamiento forzoso.

Por otro lado, Cava de Llano reclama la creación de un procedimiento específico para las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, que permita al ciudadano negociar sus deudas y evitar que se le condene a la pobreza. «La actual legislación concursal no es adecuada», concluye el informe.

«La situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca, al otro lado de la relación, esto es, al cliente sobreendeudado», concluye el informe, que advierte de que España se encuentra en una «situación excepcional». La Defensora del Pueblo ha puesto de manifiesto que el Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en «un segundo plano» la protección al consumidor, según las conclusiones del informe.

Cava de Llano concluye que el funcionamiento del Servicio de Reclamaciones del organismo supervisor «pone en evidencia» que «rara vezØ se pronuncia sobre las reclamaciones que plantean los ciudadanos, ya que «con carácter general» consideran «ajenas» a sus competencias las cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito.

En este sentido, la Defensora del Pueblo reclama una «mayor implicación» por parte del Banco de España en la protección de los consumidores y como arbitro de las relaciones banca-cliente, así como reforzar la independencia del Servicio de Reclamaciones para que ejerza una «verdadera» labor mediadora, a fin de evitar, incluso, procesos judiciales.

Por otro lado, Cava de Llano alerta del riesgo de «pobreza» y «exclusión social» en el que se encuentran algunos ciudadanos españoles y presenta 20 recomendaciones a los poderes públicos para buscar soluciones.