El drama de los desalojos: ¿y ahora qué?

Cálculos realizados por asociaciones de consumidores y clientes de banca estiman en alrededor de 300.000 los hipotecados en apuros en España. Según datos del Consejo General del Poder Judicial , las ejecuciones hipotecarias se han triplicado, pasando de 58.000 a 180.000 en apenas dos años. Se trata, junto al paro, del principal drama social que padece la España actual. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que en la actualidad se acumulan en los juzgados más de un millón y medio de expedientes en curso y que, desde el último trimestre de 2007, alrededor de 400.000 familias han sido desalojadas de sus casas. Desde esta misma plataforma se han mostrado muy escépticos tras las palabras del ministro: «Son muy pocas las familias afectadas que tienen a todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso, por lo que no creemos que afecte a más de un 4 o 5% de las familias que están en riesgo de perder su casa».

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señalan que la mayoría de afectados por este problema son «gente de clase media baja, familias en las que antes de la crisis trabajaban los dos miembros de la pareja, pero uno de ellos fue al paro, quedándose con un sueldo que ronda los mil euros y teniendo que hacer frente a una hipoteca cuya cuota mensual supera esa cantidad».

En la nota de prensa difundida por el Ministerio de Economía y Competitividad tras la comparecencia parlamentaria de su titular se afirma que las medidas anunciadas «se inscriben en el marco de la política económica del Gobierno, que tiene como una de las prioridades buscar la equidad social». En la PAH creen que la respuesta política, aunque insuficiente, se produce como reacción a la movilización social. Esta plataforma lleva desde el estallido de la crisis promoviendo una campaña de resistencia a los desalojos y ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una iniciativa legislativa popular para la instauración de la dación en pago. Sus promotores están convencidos de que la causa pro la dación en pago «tiene muy buena percepción en la población» y se felicitan porque «al menos, los políticos se están viendo obligados a manejar alternativas».

De Guindos no ha sido muy concreto al determinar qué cambios se introducirán en la legislación, pero la nota difundida por Economía habla de «medidas normativas». Se ha anunciado que se intentará la mejora de los procedimientos de ejecución, de manera que en el caso de que se llegue a la subasta del inmueble , el precio del mismo sea lo más elevado posible para lograr que la deuda pendiente sea lo más reducida posible y también se contempla que esas subasta puedan celebrarse por internet. También, según reza la nota, se incorporará la «atenuación de los intereses moratorios» para las familias deudoras en las que todos sus miembros estén en paro.

Desde la PAH, se muestran cautelosos y temen que los anuncios se queden en recomendaciones de buenas prácticas para las entidades financieras porque, según aseguran, «estas ya existen y los bancos las ignoran». Por ello reclaman que lo que se introduzca sean obligaciones legales.