La frontera que se traga a los niños

El lugar es a ambos lados un polvoriento pedregal con puestecillos medio desiertos a la espera de los días de mercado, los lunes y los jueves, que es cuando, al amparo del jaleo comercial, más se aprovecha para llevar sin papeles a niños haitianos a territorio dominicano. Algunos chavales se buscan aquí la vida trapicheando, pidiendo algo a los transeúntes y toreando a la carrera a los agentes, que casi los ignoran. Otros trabajan de vendedores o de limpiabotas.

La inspección de las decenas de camiones que cruzan de un lado a otro está lejos de ser exhaustiva, reconoce otro agente de la fuerza internacional. No son estos niños fronterizos, que a veces emigran solos de manera irregular, los que sufren el tráfico ilegal. Las víctimas son generalmente familias desestructuradas, pobres y casi sin educación que ponen a sus hijos o hijas en manos de personas que los van a llevar a República Dominicana con la promesa de que allí tendrán mejor vida.

El terremoto que causó más de 220.000 muertos en Haití el año pasado agravó el problema del tráfico de menores desde este país a la vecina República Dominicana. A la tradicional falta de medios para impermeabilizar la frontera se une el aumento de niños desprotegidos tras el seísmo. El Gobierno local calculó hace un año que aproximadamente un millón fueron separados de sus padres o quedaron huérfanos.

También se ha multiplicado el número de familias en situación de extrema necesidad. Unicef estimaba antes de la catástrofe en unas 2.000 las víctimas al año. Hoy no hay cifras ni estadísticas oficiales, pero «las mafias utilizan la situación de descontrol para sacar a más menores del país», ha constatado Josefa Rando Redondo, subinspectora de la Policía Nacional de España que se encuentra desplegada en Haití como miembro de la Policía de la ONU (Unpol).

Les ayudan, en algunos casos, miembros de las Fuerzas de Seguridad dominicanas . Esos responsables del tráfico ilegal, considerados como una especie de Robin Hood por la ayuda que supuestamente les prestan, son a veces incluso personas conocidas o emparentadas con los padres, que desconocen el verdadero destino que espera a los niños, señala Josefa Rando. «Lo más frecuente es que participe alguien de la familia», apunta Jean Valcy, de 48 años, miembro de la Brigada de Protección de Menores (BPM) de la Policía Nacional de Haití (PNH). «Algunos padres son incluso sospechosos de participar en el negocio», explica el agente ante los calabozos vacíos de la comisaría de Malpasse.

Instantes después Valcy supervisa el trabajo de dos mujeres de la PNH que cotejan los documentos de una madre que se dirige en un autobús al país vecino con la pequeña Rosa Andrea Montalván, su hija de dos meses. Josefa Rando sostiene rebosante de cariño al bebé en brazos mientras anotan sus datos en un cuaderno. Poco después, una mujer que viaja con su hija y una amiga de esta también menor muestra los papeles necesarios para poder continuar.

Observa la escena Rafaella Toussaint, jefa de equipo de la ONG estadounidense Heartland Alliance. «Tras el 12 de enero de 2010 (día del terremoto) no existían controles y muchos niños iban sin sus padres», se queja esta joven de 26 años al tiempo que agradece que los controles sean más estrictos ahora. «Nuestro trabajo es controlar los documentos que tanto los adultos como los menores deben llevar» desde el terremoto. En el lado dominicano , el supervisor general y encargado de emigraciones, Edison Richard Trinidad, asegura en su despacho de la frontera de Jimaní que «la trata de niños ha quedado reducida a la mínima expresión en este paso» tras recordar el caso de un grupo de estadounidenses que fueron detenidos en el lado haitiano cuando intentaban llevarse a 33 menores sin papeles pocos días después del terremoto. «Son muchos los que consiguen pasar», señala sin embargo un policía de la ONU conocedor desde hace meses de la situación en la frontera.

El salvadoreño José Chinchilla, responsable en Malpasse de la Unpol, reconoce que desde que llegó al puesto hace cinco meses han detectado dos casos. En octubre se detuvo a un adulto que iba con tres menores sin papeles y en diciembre a otro que pretendía llegar a República Dominicana con siete. Los testimonios recogidos en la frontera por este reportero, aunque nadie se atreve a dar cifras aproximadas, indican que se cruza con suma frecuencia y facilidad.

Consciente de la polémica, el Gobierno dominicano hacía público un comunicado esta misma semana en el que afirmaba que «ha fortalecido todas las medidas (...) para impedir que se utilice el escenario de una tragedia como la que vivió el pueblo haitiano para vulnerar los derechos de los más desprotegidos». Lo hacía en respuesta a un reportaje publicado en El Nuevo Herald de Miami en el que se recogía el testimonio, entre otros, de una niña haitiana de doce años que huyó de las penurias tras el terremoto y se prostituía con turistas en República Dominicana a un dólar el servicio.

La subcomisaria española, la Policía haitiana y organizaciones como Unicef o Heartland Alliance que tratan sobre el terreno de frenar a las mafias coinciden en explicar adónde van los que caen en sus garras. Muchas niñas son prostituidas, otros acaban realizando tareas agrícolas o como mayordomos en casas particulares (los conocidos como «rest-avec», «quedarse con»).

Las mafias son a veces de alcance internacional y trasladan a los niños a Estados Unidos o Canadá , donde son v íctimas del tráfico de órganos . La preocupación por el aumento del tráfico de menores se refleja en el trabajo de la BPM, que nunca se había desplegado en la frontera con República Dominicana hasta semanas después del seísmo.

La situación ha mejorado , dice el agente Valcy. «Antes salían muchos de manera ilegal, constatábamos que muchos pasaban a República Dominicana. Ahora los que vienen con sus padres o con la documentación oficial pasan; los que no, localizamos a sus padres o los entregamos a bienestar social». «Si los niños vienen con terceras personas sin papeles los ponemos a disposición de la Justicia», añade.

Gallianne Palayred, especialista de Unicef, pinta un panorama más sombrío sin restar mérito a la toma de conciencia por el problema y a la aplicación de medidas para contrarrestarlo. «Hay que ser honestos. El control solo se lleva a cabo entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. El que quiera pasar acaba haciéndolo» fuera de este horario. «Además —insiste— no se controlan los pasos no oficiales» adonde no llegan apenas las patrullas. Los dos países están separados por una sinuosa línea de 375 kilómetros.

Además de Malpasse, hay otros tres pasos oficiales: Anse-a-Pitres, Belladere y Guanaminte (Juanaméndez). Más allá de estos puntos, la orografía sirve de pasillos improvisados en forma de pistas montañosas o ríos, que son utilizados por la población local que vive en la zona o por los que desean cambiar de país sin la documentación en regla. «Cualquier persona puede cruzar sin problemas por ahí ante la falta de controles», añade la subinspectora Rando.

Las fotos tomadas por las patrullas de la ONU muestran abiertamente grupos de niños pasando de un país a otro a lomos de mulas a través de un río en uno de los pasos no oficiales . Mientras tanto, en la pared de la comisaría de Malpasse dos carteles de la Policía con los rostros de dos niños alertan de su desaparición junto a varios teléfonos de contacto. Se trata de Wildino Emmanuel Jules, desaparecido desde mayo de 2010, y Gradi Mardi, en paradero desconocido desde enero de 2010.