El sabor agridulce del adiós

Cataluña es, sin duda, la Comunidad más proteccionista en este sentido. El ya ex «president» de la Generalitat José Montilla dejará el cargo con el 80 por ciento del sueldo —135.000 euros brutos anuales— durante dos años, en virtud de la Ley de ex presidentes aprobada en 2003, coincidiendo con la retirada de Jordi Pujol. De hecho, fue la primera ley aprobada por el tripartito y Pasqual Maragall fue su principal impulsor, empeñado en investir de mayor reconocimiento a la figura del ex presidente, que Pujol no se planteó en sus 23 años al frente de la institución.

La normativa empleada entonces, que da amparo a Pujol y Maragall y a la que se acogerá a partir de enero Montilla, establece para los ex presidentes del Ejecutivo y del Parlamento catalán, y también para los ex consejeros, el 80% del sueldo asociado a su cargo durante la mitad del tiempo que lo hayan ostentado hasta un máximo de dos legislaturas y el 60% del sueldo a partir de la jubilación. Sin embargo, tanto Pujol como Maragall dejaron la Generalitat superados los 65 años, por lo que no recibieron el 80% del sueldo que sí recibirá Montilla, 56 años, a no ser que tras el congreso del PSC del próximo otoño asuma nuevas responsabilidades públicas o privadas.

Los ex presidentes catalanes tienen derecho, sin límite de tiempo, a disponer de tres personas a su servicio, con dedicación especial, además de una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es necesario, para alquiler de inmuebles. También cuentan con un vehículo de representación con chófer y servicios de seguridad. Estas atribuciones se han traducido en la oficina de Pujol en el Paseo de Gracia, la de Pasqual Maragall en el cruce entre Diagonal y Paseo de Gracia y, a partir de ahora, la de Montilla en la Rambla de Cataluña.

Por contra, en la Comunidad de Madrid no existe un estatuto del ex presidente que fije los derechos a los que pueden acceder aquellos que hayan ocupado el sillón presidencial de la Real Casa de Correos, lo que afectaría solo a Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La actual jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, decidió hace dos años la integración voluntaria de los ex presidentes en el Consejo Consultivo de la Comunidad, de la misma forma que el Consejo de Estado también incluye a los ex titulares del Gobierno central. Los estatutos del Consejo fijan que los ex presidentes serán miembros natos siempre que no ocupen un cargo público y les asigna un sueldo idéntico al de un consejero del Gabinete autonómico, es decir, 87.440 euros anuales. Solo Leguina permanece en esta situación.

Tampoco en Asturias, Aragón y Murcia hay regulación específica que reconozca derechos salariales ni servicios oficiales para quienes dejan de ser jefes del Ejecutivo regional. Aragón aprobó la Ley del Presidente en 2009 y se barajó la posibilidad de fijar una paga para los ex presidentes, pero hubo polémica y se optó por no incluirla en el texto. En Asturias se quedó a expensas de una normativa posterior, pero no se ha llegado a redactar, así que quien abandona el cargo se convierte en un ciudadano más. Lo mismo ocurre en Murcia. En Baleares, cuando un presidente autonómico o un consejero abandonan el cargo no tienen ningún tipo de compensación económica. En Cantabria, el presidente pierde todos los privilegios asociados al cargo tras su cese.

Mientras tanto, en Canarias parece que va a ser el nacionalista Paulino Rivero quien saque adelante el Estatuto de los ex presidentes canarios. El Proyecto de Ley prevé que se les otorgue carácter vitalicio, un reconocimiento y lugar protocolario en todos los actos oficiales y los recursos materiales necesarios para su labor.

Los ex presidentes de la Generalitat Valenciana tienen derecho a una «oficina de apoyo» con dos asesores y coche oficial. Así se recoge en la ley de Estatuto de los Expresidentes. Junto a los medios materiales y humanos de la Generalitat Valenciana, sus ex jefes de gobierno ostentan, desde su cese, la condición de «miembros permanentes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana», que tienen asignado un sueldo anual de 57.000 euros. En cualquier caso, ninguno de los expresidentes valencianos ha hecho uso hasta la fecha de las facultades ni de las retribuciones como miembros del Consejo Consultivo, por diferentes incompatibilidades.

En Castilla y León, la ley que rige el funcionamiento del Consejo Consultivo sí deja abierta la posibilidad a que de manera voluntaria entren a formar parte de este órgano con un sueldo de unos 60.000 euros, pero no todos lo han hecho. Así, mientras Demetrio Madrid o Constantino Nalda sí figuran en la nómina de consejeros, otros como Juan José Lucas, Jesús Posada o José María Aznar no han llegado a tomar posesión en este cargo.

La Comunidad castellano-manchega establece para los ex presidentes una Secretaría de apoyo, dotada con dos personas; oficina con los medios adecuados y coche oficial. Además, podrán ocupar por el equivalente a la mitad del tiempo en que hayan desempeñado el cargo un cargo como miembro nato del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y «tendrán tratamiento de excelencia y ocuparán un lugar protocolario inmediatamente siguiente a los miembros del Consejo de Gobierno».

Hasta ahora, sólo José Bono, 21 años presidente de Castilla-La Mancha, se ha beneficiado durante dos años. Por su parte, José María Barreda, ha asegurado que cuando deje el cargo renunciará a estos derechos porque tiene previsto dedicarse a su función docente.

También el Consejo Consultivo es en Andalucía un retiro previsto para los ex presidentes, en este caso sin retribución. De cualquier forma el Estatuto andaluz reconoce una pensión del 60 por ciento del sueldo, actualmente fijado en unos 68.000 duros anuales, a partir de la edad de jubilación del ex titular del Gobierno.

En el País Vasco, el ex presidente puede mantener el título de lendakari y el tratamiento de Excelentísimo. Tiene además derecho a disponer de una Secretaría de apoyo y coche oficial. Por indemnización por cese, el anterior presidente Juan José Ibarretxe recibió en 2009 y 2010 algo más de ocho mil euros. A ello se le añade la retribución por pensionista, que en su caso asciende a 48.759,05 euros.

Un 80 por ciento del sueldo —69.000 euros cobra actualmente el presidente navarro— con un máximo de dos años tienen derecho a percibir quienes hayan presidido la Comunidad foral de Navarra.

En Galicia, se concede a los inquilinos salientes del Pazo de Raxoi una compensación económica del 60 por ciento de su sueldo —71.000 euros— durante los dos años posteriores a su cese. Además, dispondrán de un asistente y un coche oficial por espacio de entre cuatro y diez años, dependiendo de si su mandato se extendió una o más legislaturas. En la modificación legislativa de 2007, se introdujo la alternativa de incorporar a los ex presidentes al Consello Consultivo de la Comunidad. A día de hoy se han beneficiado de esta posibilidad Emilio Pérez Touriño y el primer presidente de la autonomía, Gerardo Fernández Albor.

En La Rioja, el cese como presidente supone una indemnización similar a la de un despido improcedente. En la actualidad, el presidente percibe un sueldo de 71.000 euros anuales.

Finalmente, en Extremadura los ex presidentes pueden disfrutar de una paga del 80 por ciento del salario —actualmente 54.000 euros anuales— durante la mitad del tiempo que han permanecido en activo como jefes del Ejecutivo extremeño. Cuando llegan a la edad de jubilación, se les reconoce igualmente el derecho a percibir una pensión permanente igual al 60 por ciento del sueldo que cobrarían si fueran presidentes.

Información realizada por: I. Anguera, G. Zanza, R. Pérez, J. M. Aguiló, J. Reyes, D. Martínez, I. Gimeno, I. Reyero, G. Moreno, J.L. Jiménez y S. Barrado