Las quince preguntas clave de la juez Alaya en los cursos de formación

¿Conoce usted si las acciones formativas se han desarrollado con cargo a uno o a distintos programas presupuestarios? La pregunta se la hizo la juez al testigo clave el primer día para saber de dónde salía el dinero que se destinó a los cursos.

La instructora pidió explicaciones acerca de los procedimientos de concesión de subvenciones para las acciones formativas.

Clave para la juez es conocer cuales eran las irregularidades. Además de la concentración de subvenciones en bloques de empresas o si se dieron sin respetar criterios de baremación. Y si hubo mas en la Dirección General o en la Delegación.

Seguramente, con la finalidad de cuantificar el fraude total, la juez se interesó por saber datos exactos de planes y programaciones. ¿Cómo se realizan, por quién, con qué periodicidad, qué programaciones se repiten en las diversas anualidades y qué numero aproximado cde planes deben controlar cada año? Y el total de cursos.

La juez se interesó por saber si las asignaciones de cursos desde los servicios centrales eran discrecionales. Y también si se hacían por la fórmula de concesión directa en lugar de la de concurrencia competitiva. En este sentido, también preguntó si las subvenciones se publicaban en el BOJA y si había un informe anual sobre las acciones formativas llevadas a cabo.

Quiso saber si había control de los citados cursos. Y por ello cuestionó sobre si era el departamento de Formación Profesional el que elaboraba los planes de seguimiento y evaluación de la formación. Y también si la administración no ponía reparo normalmente a la entidad beneficiaria a ejecutar la ación formativa. Y quiénes fueron los que le impidieron realizar los controles.

Alaya preguntó para saber si se adjudicaron y se pagaron acciones formativas que luego no se dieron tal y como denunció la Cámara de Cuentas. ¿Puede identificar cursos o acciones formativas que se hayan pagado y no se hayan realizado? cuestionó la juez, pidiendo al testigo que concretara año y contenido de la acción y el beneficiario en cuestión.

De cara a detectar los posibles responsables, la juez preguntó qué hizo el departamento de Formación Profesional cuando detectó que se justificó falsamente la asistencia de alumnos que no habían asistido al curso. Y también que pasó con dicha subvención.

La juez se ha interesado por saber si hubo empresas reincidentes. Es decir, a las que, pese a las numerosos irregularidades o al hecho de que no impartieron finalmente las acciones formativas que se les adjudicaron, se les volvieron a asignar otros con posterioridad a las irregularidades y en qué términos ocurrió.

Mercedes Alaya preguntó cual fue el papel de la exdirectora general de Empleo, Teresa Florido (cuñada del exconsejero de Empleo), en la concesión de cursos de formación a las empresas Prescal y AEA relacionadas con el imputado. La juez quiso saber si pudo influir en la adjudicación a éste de cursos por valor de 33 millones de euros.

La pregunta, cuya respuesta provocó un enorme revuelo, se dirigía a conocer si los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la CEA percibieron comisiones de la entidad subrogada para poner en marcha la acción formativa. Y también le preguntó si las entidades beneficiarias de los cursos optaban a esas subvenciones con el fin de lucrarse.

También se interesó por saber si, como ocurrió en los ERE, en toda esta historia hubo intermediarios o comisionistas prohibidos para la concesión de actividades formativas.

Igualmente se interesó por conocer el papel de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y si obtuvo un trato privilegiado con multitud de subvenciones.

Sin duda la pregunta que ha puesto de los nervios al PSOE y a la Junta de Andalucía es la que hizo sobre la supuesta financiación del PSOE. «¿Cree que la Faffe era una fundación que financiaba el PSOE con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía?», cuestionó Mercedes Alaya.