La diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, volvió ayer a su escaño del grupo popular en la Cámara sin la menor muestra de haber reflexionado sobre el ultimátum que el presidente regional del PPCV, Alberto Fabra, le ha lanzado para que abandone las Cortes. Hasta el punto de que la dirección del partido ya estudia fórmulas alternativas para forzar su pase al grupo no adscrito.

Abrigada por algunos de sus compañeros, Martínez aguantó la sesión plenaria completa –que hoy vivirá su segunda jornada con el control al presidente de la Generalitat–. Las últimas conversaciones que han mantenido con ella tanto el secretario general del PPCV, Serafín Castellano; como el presidente provincial del PP alicantino, José Císcar; y el portavoz parlamentario, Jorge Bellver, han obtenido el mismo resultado: negativa tajante a dejar el escaño.

De esta forma, Milagrosa Martínez vivirá hoy, con toda seguridad, su último pleno en el seno del grupo parlamentario popular, ya que las dos próximas semanas están dedicadas a la celebración de diferentes comisiones y el juicio en el que el fiscal le pide 11 años de prisión comenzará el próximo día 31 de marzo.

El enroque de la diputada ha decidido a las cúpula regional del PPCV a mover ficha, aunque el movimiento se producirá en los próximos días. La apertura de un expediente para suspender de militancia a Martínez está ya decidido, y se fundamentará en la «desobediencia» a las directrices marcadas por el presidente regional.

Comité de Derechos

En cuanto se sustancie la apertura de este expediente por parte del comité regional de Derechos y Garantías, el grupo parlamentario popular procederá a la expulsión de Martínez. Se hará mediante votación, siempre y cuando la alcaldesa de Novelda no decida renunciar antes de manera voluntaria a su escaño.

Esta vuelta de tuerca en la presión sobre Milagrosa Martínez obedece a una orden directa de Alberto Fabra, quien ha visto con estupor cómo una diputada de su grupo parlamentario incumplía sus consignas respecto a la incompatibilidad de ocupar un escaño y un juicio abierto al mismo tiempo.

Fabra, de hecho, insistió ayer –desde las jornadas sobre el Corredor Mediterráneo en las que participó en Alicante– en que quienes entiendan esta premisa «harán un gran favor a la democracia y a la dignidad de las instituciones y del partido». Las personas imputadas «deben centrarse en resolver sus problemas en los juzgados sin tener protagonismo ni en el partido, ni en el gobierno ni en las Cortes».

Matiza el apoyo a Castedo

En el mismo contexto, y preguntado por la situación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo –imputada en el Caso Brugal–, Fabra precisó que su apoyo se refiere a su embarazo y a su gestión al frente del Ayuntamiento. En cualquier caso, insistió en que la línea del procesamiento y su incompatibilidad con el ejercicio de un cargo público es «igual para todos».

En este escenario, el grupo parlamentario popular evidenció ayer una vez más que las votaciones para sacar adelante sus iniciativas –o frenar aquellas propuestas de la oposición que no concuerden con su ideario– son cada vez más ajustadas. Durante la votación del segundo punto del orden del día en el que se debatía, a petición del PSPV, la protección de los bienes patrimoniales de RTVV, los populares estuvieron durante varios minutos por debajo en número de diputados respecto a los grupos de la oposición.

La rápida actuación del diputado popular Rafael Maluenda evitó males mayores, con la llamada urgente a diputados que estaban en el exterior. El PP ganó por un ajustado 44 a 42.

La sesión plenaria fue ayer de una gran confrontación dialéctica y varios diputados fueron llamados al orden. Rafael Rubio (PSPV) bordeó la expulsión tras ser amonestado en dos ocasiones por el presidente de la Cámara, Juan Cotino, a quien acusó de haberse dormido durante el debate. La que no pudo evitar la expulsión fue Mireia Mollà (Compromís), quien ya por la tarde fue llamada al orden tres veces por Alejandro Font de Mora –tras un enfrentamiento con la consellera Isabel Bonig–, quien ejercía la presidencia en ese momento. La diputada podrá asistir hoy al pleno.