Más de un millar de profesores piden en una carta que la Ley de Universidades garantice la neutralidad ideológica en los campus

El artículo denunciado por los firmantes alude a una de las funciones «fundamentales» de los claustros, la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia». Esta función ha sido incorporada al texto de la LOSU, pendiente de debate en el Senado, a raíz de sendas enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu, cuyo redactado inicial atribuía a los claustros la función fundamental de «analizar, debatir y posicionarse sobre temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política», y de una tercera enmienda del Grupo Parlamentario Plural que proponía como función la de «debatir temas de trascendencia social».

En este sentido, los firmantes del manifiesto, impulsado por la plataforma Universitaris per la Convivència, piden que se suprima el citado artículo, puesto que, según arguyen «no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos «posicionarse» sobre) cuestiones de índole no académica, y para evitar que pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de cátedra«.

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los firmantes, un total de 1.046, urgen a que «se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los pensadores Fernando Savater, Félix de Azúa; el escritor Félix Ovejero; el economista Jorge Calero o los ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aragón y Alfredo Montoya.

«Estos pronunciamientos, especialmente polémicos en Cataluña por cuanto se centran en cuestiones que generan una fuerte controversia social (alineándose siempre con los posicionamientos políticos de la Generalitat), ya han sido declarados contrarios a la libertad ideológica y de expresión por diversos tribunales, incluido, recientemente, el Tribunal Supremo», señalan los firmantes.

«En el debate de totalidad del texto de la LOSU en el Congreso ha quedado patente que la referida enmienda (incorporada como letra «g» al artículo 45.2) busca corregir las resoluciones de estos tribunales, por más que se apoyan en derechos fundamentales y principios constitucionales que en modo alguno pueden ser contrariados por una ley orgánica«, arguyen los firmantes.

La carta comenzará a circular a partir de hoy públicamente (https://forms.gle/4mmmUatvj55Q8voG8´) para que se sumen cuantos profesores consideren, como los hasta ahora firmantes, que las universidades no han de tener un pensamiento oficial sino constituir un foro abierto para el debate libre de ideas.

Desde Universitaris per la Convivència se ha pedido una entrevista urgente al ministro Subirats en la que se le haría entrega de todas las firmas recogidas hasta ese momento.