La nueva ley de Universidades desmembra el Estado e impone 17 modelos de becas diferentes

Desde que llegó al Congreso el texto ha sufrido muchos cambios, sobre todo a través de las enmiendas de Esquerra Republicana (ERC) o el Partido Nacionalista vasco (PNV), socios del Gobierno que han conseguido sacarlas adelante y que han hecho 'suya' la ley dejando un lugar reducido al Estado, que ha quedado 'desmembrado' a favor de las autonomías. «Ya puedo decir que esta la ley es la de ERC (...) y que en realidad se llama 'ley del antisistema universitario español'», se quejaba hoy desde el estrado de la Cámara Baja, la diputada del PP, María Jesús Moro.

¿En dónde se ve reflejada esta 'desmembración' del Estado? Por ejemplo, en el sistema de becas. El texto (llamado dictamen) que se ha debatido hoy en el Pleno del Congreso modifica de forma sustancial las ayudas al alumnado. El texto añade ahora que «las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos».

En la misma línea, el apartado siguiente del mismo artículo dice que «el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio (...), las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, preservando las competencias de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio». Y añade: »Para asegurar la eficacia del sistema y una gestión descentralizada, se establecerán los oportunos mecanismos de información, coordinación y cooperación entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas». Se trata de una enmienda transaccional del PNV, ERC y Bildu apoyada también por PSOE y Podemos.

El cambio, como era de esperar, no estuvo exento de críticas. «El Gobierno abre la puerta a que Cataluña y País Vasco gestionen las becas del programa general gestionado hasta ahora desde el ministerio, desarticulando otro elemento de cohesión territorial. Por otro lado, agrega el también exrector de la Universidad de Córdoba, «rompe la igualdad de oportunidades de los estudiantes al limitar la convocatoria de becas autonómicas a aquellas comunidades que tienen recogida esta competencia en sus estatutos, limitando de forma innecesaria esta posibilidad al resto de regiones. Volvemos a estudiantes de primera y de segunda, reforzando los movimientos independentistas», critica José Carlos Gómez Villamandos, expresidente de Crue Universidades y exrector de la Universidad de Córdoba.

Pero el sistema de becas no ha sido el único logro de los grupos nacionalistas. Tal como informó ABC, el PNV pidió y consiguió eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado». Además, en el artículo 2 sobre funciones del sistema universitario, se prevé ahora la «la promoción de las lenguas oficiales (...), a través de la formación, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la cultura del emprendimiento, tanto individual como colectiva». Son funciones que se suman a las de contribuir «al bienestar social, al progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial en que estén insertas».

Pero el PNV y ERC consiguieron más conquistas en el ámbito de las lenguas cooficiales, que llaman oficiales. Así, a través de una enmienda transaccional de estos dos partidos y Junts se modifica el artículo 20 sobre «Universidad y diversidad lingüística» de manera que las universidades tienen el deber de fomentar y facilitar «el conocimiento y el uso como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales propias de sus territorios, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos y en la particular normativa autonómica, desarrollando planes específicos al respecto«. Además, se compromete a las universidades públicas, a financiar «la singularidad lingüística«. En la misma línea, ERC incluye en artículo sobre movilidad del alumnado que en programas como el Erasmus+ se «incluyan las lenguas oficiales del Estado español». Esta enmienda fue apoyada por PSOE, Podemos, PNV y BNG. Además, una enmienda de ERC firmada también por los partidos antes mencionados salvo BNG establece como norma general que se «promoverán la investigación, el intercambio y la transferencia de conocimiento en las lenguas oficiales de sus territorios».

En este sentido, hoy en el debate en el Pleno, Josune Gorozpe, del PNV, dijo que votará a favor de la ley aunque «no es la ley del sistema universitario vasco». Celebró el hecho de «que el ámbito universitario se constituye en referente en la normalización lingüística mediante la promoción de lenguas oficiales de los territorios» y agregó que el texto refleja «de forma rotunda» que «el fomento del idioma propio de las comunidades no se limita a la difusión y al aprendizaje sino de forma principal a su utilización como lengua de transmisión académica».

Marta Rosique i Saltor, de ERC, recalcó, en la misma línea, los beneficios para las lenguas cooficiales distintas del castellano en el programa Erasmus+ y dijo que esta ley «impulsará la investigación y transferencia en las lenguas oficiales y además se aumentará la financiación de las universidades para que imparten planes de impulso a estas lenguas».

Otra modificación controvertida es la que afecta a la elección de rector. Tal como avanzó este periódico, una enmienda transaccional firmada por ERC, PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu y el PNV fulmina la parte del redactado que decía que los candidatos deberán ser «funcionarios» y «doctores» de los cuerpos docentes universitarios. Así, se modifica el texto de forma que podrán ser candidatos a rector el «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo» que deberá «reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos». Agregan que «dichos méritos deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Estos cambios favorecen, sobre todo, a las universidades catalanas porque la mayoría de los profesores catalanes tienen una relación laboral y no funcionarial con la universidad.

Por este motivo, la diputada de ERC celebró, abiertamente que se «equipararán los derechos y deberes entre los laborales y funcionarios hasta el punto de que los contratados podrán ser también rectores». Agregó que «con esta ley se reconocerá por primera vez el modelo catalán o vasco y a pesar los límites que establece el propio estado hará inevitable que siga desarrollándose el modelo laboral».

Sin embargo, parece que las facilidades de los laborales para llegar a rector no han sido suficientes para algunos grupos parlamentarios. «Hay discriminación en la carrera profesional del PDI al no poder el personal laboral acceder a la figura de secretario general, se ha solucionado la discriminación respecto al acceso a rector pero no a la de secretario», dijo Mariona Illamola Dausà, de Junts Per Catalunya que votará en contra de la ley.

Por otro lado, con otra enmienda de ERC y Bildu apoyada por PNV, Podemos y PSOE la norma ahora establece que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la ANECA, es decir, la agencia de acreditación estatal, acordará con las agencias de calidad de las comunidades autónomas el sistema de acreditación de los profesores.

Otro artículo controvertido es el 43 relativo a la inspección. Este señala que dicha inspección tendrá «por función velar por el correcto funcionamiento de los servicios que presta la institución universitaria (...) así como la »incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios que afecten a miembros de la comunidad universitaria». Además, incorpora como novedad, aparte e la incoacción de expedientes, que «la dirección de este servicio será atribuida a un personal PAS de la universidad con los requisitos de titulación necesarios para el desempeño de las funciones que dicha inspección tiene encomendados».

¿Qué supone esto? «El jefe de la inspección de servicios que es el que tramita los expedientes sancionadores es un técnico de la universidad que puede complicar el trabajo de los catedráticos y esto es peligroso, sobre todo, en el ámbito de la libertad de catedra», advierten fuentes académicas.

Pese a todas las concesiones a los nacionalistas, la diputada de ERC dijo que esta no puede ser su ley «si lo fuera no habría un Rey firmando títulos, ni la mayoría del personal serían funcionarios ni tendríamos tasas de reposición. En eso trabajamos, en hacer posible la independencia».

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