El Congreso aprueba la ley de Universidades: estas son los principales novedades

Se hace indefinidos a 25.000 asociados. Esta fue una de las primeras medidas en conocerse con Subirats ya como ministro tras suceder a Manuel Castells y de la que sacó pecho incluso ayer en el debate del dictamen en el Pleno del Congreso. La ley convertirá en indefinidos a 25.000 profesores asociados. Esta medida forma parte de otra más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas.

Menos poder a los estudiantes en las guías docentes. En la versión de la ley que Subirats entregó a la comunidad universitaria y a los medios el pasado 9 de mayo, el texto decía que «la participación vinculante del estudiantado deberá garantizarse en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación». La palabra «vinculante» dio lugar a un gran debate. Los que se quedaron bastante preocupados fueron los rectores, y tras la presión de la Conferencia de Rectores (CRUE) la palabra «vinculante» se quitó y ahora dice: «Deberá garantizarse la plena y efectiva participación del estudiantado en la elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes».

Lenguas cooficiales. Ya en la tramitación parlamentaria y a través de enmiendas. En el artículo 2 sobre funciones del sistema universitario, se prevé ahora la «la promoción de las lenguas oficiales». Pero el PNV y ERC consiguieron más conquistas en el ámbito de las lenguas cooficiales, que llaman oficiales. Así, a través de una enmienda transaccional de estos dos partidos y Junts se modifica el artículo 20 sobre «Universidad y diversidad lingüística» de manera que las universidades tienen el deber de fomentar y facilitar «el conocimiento y el uso como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales propias de sus territorios». Además, se compromete a las universidades públicas, a financiar «la singularidad lingüística». En la misma línea, ERC incluye en artículo sobre movilidad del alumnado que en programas como el Erasmus+ se «incluyan las lenguas oficiales del Estado español». Esta enmienda fue apoyada por PSOE, Podemos, PNV y BNG.

Eliminación a todas las referencias a «territorio nacional». El PNV pidió y consiguió eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado»

Más poder a las agencias autonómicas. Esto fue advertido por ABC cuando la ley se aprobó en Consejo de Ministros en segunda vuelta y aunque cambió ligeramente durante la tramitación parlamentaria, la idea ya se vislumbraba desde el principio. La nueva ley da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. Así, dice: «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de Doctor/a, la previa obtención de una acreditación por parte de la Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario en el conjunto del país. La Aneca acordará, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas»

Se relajan los requisitos para ser rector. Otra modificación controvertida es la que afecta a la elección de rector. Tal como avanzó este periódico, una enmienda transaccional firmada por ERC, PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu y el PNV fulmina la parte del redactado que decía que los candidatos deberán ser «funcionarios» y «doctores» de los cuerpos docentes universitarios. Así, se modifica el texto de forma que podrán ser candidatos a rector el «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo» que deberá «reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos». Agregan que «dichos méritos deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Estos cambios favorecen, sobre todo, a las universidades catalanas porque la mayoría de los profesores catalanes tienen una relación laboral y no funcionarial con la universidad.

Personal de administración y servicios, a cargo de la inspección. Otro artículo controvertido es el 43 relativo a la inspección, también modificado durante el trámite en el Congreso. Este señala que dicha inspección tendrá «por función velar por el correcto funcionamiento de los servicios que presta la institución universitaria (...) así como la «incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios que afecten a miembros de la comunidad universitaria». Además, incorpora como novedad, aparte de la incoacción de expedientes, que «la dirección de este servicio será atribuida a un personal PAS de la universidad con los requisitos de titulación necesarios para el desempeño de las funciones que dicha inspección tiene encomendados».

Derecho a paro pero no a la educación. La norma deja en el aire el derecho a la educación de aquellos alumnos que no quieran hacer huelga y opten por ir a clase. ¿Por qué? El nuevo texto garantiza el derecho al paro académico, «respetando el derecho a la educación del estudiantado». El texto original, en cambio, hablaba de «garantizar» dicho derecho.

Ya no se destinará el 1% del PIB. Otro cambio que ha sufrido el texto desde que fuera aprobado en Consejo de Ministros en segunda contradice una promesa que Subirats anunció con orgullo. Su idea era que el Estado y las comunidades incrementaran el gasto público en educación universitaria en 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, las cosas cambiaron y ahora esto ya será un simple «objetivo» entre Estado, comunidades y universidades.

17 sistemas de becas diferentes. El texto añade tras incorporar las enmiendas transaccionales que «las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos. Asimismo, las universidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos». En la misma línea, el apartado siguiente del mismo artículo dice que «el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio (...) preservando las competencias de las comunidades autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de becas y ayudas al estudio». Se trata de una enmienda transaccional del PNV, ERC y Bildu apoyada también por PSOE y Podemos.

Tasas. El artículo sobre presupuesto también tiene una importante novedad. La ley ahora dice que las comunidades deberán tener un «marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos» pero no indica los mecanismos de compensación para financiar la reducción de la tasas. El actual sistema de tasas universitarias permite a las comunidades fijar precios que varían según el territorio y el tipo de titulación. La nueva ley planteará problemas de financiación en las universidades ya que a la hora de establecer su presupuesto tienen que tener en cuenta el principio de equilibrio económico financiero: los gastos no pueden ser superiores a los ingresos. Si el Gobierno obliga a las universidades a reducir las tasas, los ingresos se reducirán y si los gastos se mantienen o se incrementan el desajuste será evidente. Subirats no establece en la Losu mecanismos de compensación para las universidades y serán las comunidades las que tendrán que asumir la financiación de esa reducción de tasas.