La nueva ley de Universidades que quita poder al Estado inicia su trámite en el Congreso

«Quiero defender, en nombre del Gobierno, la plena oportunidad y necesidad de aprobar este proyecto de ley, con los cambios que el Parlamento disponga, para completar así las reformas estructurales que en educación planteó la Lomloe o en el campo de la investigación la recientemente aprobada Ley de Ciencia», dijo el ministro durante su intervención.

Subirats señaló que «las universidades representan hoy el 70% de la producción científica, y hemos de asegurar que puedan seguir contribuyendo a las necesidades del país, no solo las universidades públicas, sino también las universidades privadas que hemos incorporado en el articulado dedicado al tema».

El ministro ha querido poner de relieve el apartado que incorpora la nueva norma, el de la internacionalización: «El proyecto prevé el desarrollo, por parte del gobierno y en colaboración con las comunidades, de una Estrategia de Internacionalización del sistema. Como no podía ser de otra manera, la movilidad internacional del estudiantado, del PDI y del PAS es también una prioridad en la Losu y lo es también para atraer talento tal como nos piden entidades, empresas y administraciones».

Subirats aseguró que, en este sentido, «la Losu agiliza los visados por estudios revisando sus actuales limitaciones, vinculando su duración al tiempo de los estudios que se cursan y se propone que al finalizar los estudios universitarios de grado, máster o posgrado se pueda optar a uno de dos años para hacer prácticas o trabajar».

En la línea que, a juicio de Subirats, debe seguir la ley respecto a su conexión con la sociedad, señaló que la ley «refuerza o incorpora mecanismos como la formación a lo largo de la vida, la ciencia abierta, la promoción de las lenguas cooficiales y el desarrollo de la ciencia ciudadana».

Ha recordado que el texto de ley, aprobado en Consejo de Ministros, fija el compromiso de un mínimo del 1% del PIB dedicado a universidades. «Este compromiso del Estado deberá instrumentarse en un plan de incremento acordado entre la Administración y las comunidades de manera transparente y compartida. Trabajando de común acuerdo con ese objetivo, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, donde se creará una comisión para ello».

En cuanto al estudiantado, Subirats dijo que la ley incluye «una serie de medidas que permitan que este sea protagonista de la actividad universitaria. Prevé, por tanto, no sólo un conjunto de derechos estrictamente académicos, sino otros encaminados a favorecer espacios más amplios y mecanismos más adecuados para su participación activa y significativa en las políticas universitarias». Sin embargo, no parecen conformes los estudiantes, que han pedido desde que se conoció el texto aumentar su representación en los órganos de gobierno y las elecciones universitarias, hasta alcanzar el 35% en ambas. Así lo manifestó ayer, Nicolás Fernández , presidente en la primera Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades donde intervienen diferentes expertos para debatir el texto.

Por otra parte, continuó el ministro, «La Losu plantea, por tanto, un modelo de coordinación armonizada en la tarea de acreditación y evaluación, tanto entre la Aneca, como agencia responsable en última instancia del aseguramiento de la calidad del personal funcionario, y las respectivas agencias de calidad de las comunidades Autónomas, siempre en el ámbito de sus respectivas competencias y los criterios comunes definidos por el Registro Europeo de Agencias de Calidad».

También recordó el objetivo de recudir la temporalidad del 40 al 8 por ciento que se va a materializar al convertir en indefinidos a 25.000 profesores asociados, algo criticado por la Conferencia de Rectores (Crue) en su valoración de la norma.

Tras la intervención de Subirats le tocó el turno a los representantes de los grupos parlamentarios que presentaron enmiendas de devolución: PP, adelantada este jueves por ABC, Vox y Grupo Plural.

«Desde Junts hemos presentado una enmienda de devolución pero que no debe interpretarse como algo negativo. La registramos para señalar que el texto que se nos presenta no se adecúa lo que para nosotros debe ser el sistema de un país», dijo la diputada Mariona Illamona, del Grupo Plural.

«Debe crearse un modelo de universidad plural y por ello es contradictorio que no puedan crearse universidades docentes y a la vez investigadoras», señaló Illamona.

Otra cuestión, agregó: «La autonomía de las comunidades: uniformidad no es sinónimo de calidad sino de poca flexibilidad. ¿Por qué prohibir que cada universidad decida los grados de tres años?, ¿por qué el Consejo de Universidades debe verificar los planes de estudio si ya lo hacen las comunidades?», cuestionó.

Por su parte, Joaquín Robles, de Vox criticó que se incluya la memoria democrática, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la paridad de hombres y mujeres sin atender al mérito...«Como ya ocurren en sus nefastos temarios de Primaria, Secundaria o Bachillerato, todos sus dogmas son doctrina oficial de las universidades: feminismo, fanatismo climático, lenguaje inclusivo y persecución de quienes osen discrepar», criticó enérgicamente el diputado de Vox.

María Jesús Moro, diputada del PP dijo que «esta no es la ley que necesitan, tampoco la que esperaban, las universidades españolas».

En la línea con la enmienda a la totalidad presentada por su partido, Moro dijo que «el proyecto es innecesario por inadecuado y perjudicial para potenciar y modernizar nuestro sistema universitario. Determina una desregulación relevante en muchos de los aspectos que permiten la existencia de un sistema universitario con grave riesgo de desintegración del mismo, pone en serio riesgo el principio de igualdad en las acreditaciones y la necesaria movilidad».

Agregó que la internacionalización «no puede limitarse a enunciar una estrategia y poco más» y, respecto a la financiación, dijo que debe ser «suficiente y estable para una mejor planificación, con objetivos claros, para lo que el Ministerio no puede ponerse de perfil y seguir con la técnica del 'yo invito y tú pagas'. Si se ingresa menos y ha de gastarse más de forma imperativa, las referencias a la financiación de la ley son papel mojado».

También criticó que se quiera hacer indefinidos a los profesores asociados: «Los convierte en indefinidos cuando este contrato por ley sólo puede celebrarse con un profesional con trabajo fuera de la universidad» y, además, recordó que de este contrato indefinido quedan excluidos los profesionales de Ciencias de la Salud (y el profesorado ayudante doctor). «Si es un asociado de Ciencias de la Salud seguirá como contratado de duración determinada. ¿Por qué? Si eres juez o ingeniero en una constructora internacional te hacen indefinido porque lo contrario es precariedad. Si eres cirujano no hay problema con aguantar la temporalidad y además decimos por ley que no computa para que su número no choque con la exigencia del 8% de temporalidad. Oiga, ¿a quién quieren engañar?», espetó.