Portazo del Gobierno balear a la petición de una familia de estudiar en castellano

La asociación PLIS. Educación, por favor asesoró a ésta y otras familias para hacer la reclamación ante la conselleria de Educación, con la esperanza de que el nuevo ejecutivo de la popular Marga Prohens concediera al menor la posibilidad de estudiar -también- en castellano, sin necesidad de recurrir a los tribunales.

«Las dudas se están disipando: poco a poco el gobierno de Prohens, que pregona que defenderá la elección de lengua, va dando muestras de su verdadera intención en cuestión lingüística, que no es otra que blindar la inmersión obligatoria en catalán», critica PLIS.

El pasado 27 de noviembre, esta familia del IES Calvià, además de otras tres familias, solicitó al conseller del ramo, Antoni Vera, que se atendiera al derecho de su hijo a recibir clases en castellano en un 50% del horario lectivo, con un mínimo del 25% y en al menos una materia del ámbito científico o humanístico.

Alegaron la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el 19 de abril de 2023 dictó que el castellano debía estar presente como lengua vehicular según «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas». Es más, para que existiera ese equilibrio o igualdad, dijo que se debía reducir a «una fórmula vacía, sino que se mantuviera como derecho real y efectivo».

En segundo lugar, fundamentaba su petición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avaló «la presencia mínima del castellano como lengua vehicular (en el curso y clase en los que el alumno sigue sus estudios) en un 25% de las horas efectivamente lectivas, porcentaje en el que habrán de comprenderse no solo la asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, sino cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

La petición de esta familia recordaba que el Defensor del Pueblo informó al anterior conseller Martí March, de que la jurisprudencia del TS era firme.

«Pues bien, a pesar de tan contundentes bases argumentativas, la actual Conselleria de Educación prefiere, igual que su antecesor en la época del Pacto, desoír al TC y al TS, negar el derecho a la familia y forzarla a gastar dinero y tiempo para contratar abogado y procurador y acudir al Tribunal Superior de Justicia de Baleares; así es la lucha desigual del ciudadano que, con escasos recursos, tiene que pleitear contra una administración que, con el dinero de todos los contribuyentes, posee ingentes recursos económicos y personales», denuncia PLIS.

La asociación de profesores se muestra decepcionada con el actual gobierno PP y critica que la estrategia del PP sea «simplemente blindar la inmersión lingüística en catalán, ofreciendo como falso señuelo un plan piloto voluntario, y destinado al seguro fracaso», en alusión al plan de libre elección de lengua que se aplicará a partir del próximo curso.