El Constitucional estudia la supresión del requisito del catalán en la sanidad de Baleares que eliminó el PP

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, da prioridad a este asunto lingüístico apenas un mes y medio después de que el PSOE y los independentistas de Més -integrados en Sumar- se aliaran con la OCB, la principal entidad soberanista de las Islas, para llevar impugnar esta normativa.

PSOE y Sumar alegaron que vulnera los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de Baleares por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario. Argumentaron, además, que infringía el régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a usar la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.

El recurso en cuestión se centra, en concreto, contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Ejecutivo balear 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.

Se trata de una de las primeras medidas del nuevo gobierno de la popular Marga Prohens, aprobada en agosto, con el objetivo de paliar la escasez de médicos y enfermeras en las Islas. Un compromiso electoral del PP que se incluye, además, entre las 110 medidas del acuerdo de investidura entre el PP y Vox que permitió a Prohens gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox.

Los socialistas asumen las tesis catalanistas y niegan que el catalán sea una traba para contratar sanitarios en las Islas. Sin embargo, en varios informes del anterior gobierno de la socialista Francina Armengol – entre 2021 y 2023- reconocían que pedir el título de conocimientos de catalán dificultaba «aún más» la contratación de personal sanitario o alertaban de que era problema añadido a la «dramática» falta de personal en plantillas, tal y como desveló ABC.

La exigencia del requisito lingüístico fue aprobada en 2016 por el gobierno de Francina Armengol. Baleares se convirtió en la primera región de España en imponer el requisito lingüístico a todos los profesionales sanitarios, lo que provocó el autoexilio de decenas de sanitarios y la falta de determinados perfiles en las Islas.

Tras conocer la admisión a trámite del recurso contra el decreto, el PP ha rebajado las expectativas y la ha considerado un «mero trámite». El portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, ha acusado al PSOE y Més de «grave irresponsabilidad» por querer tumbar esta normativa, gracias a la cual, ha defendido, Baleares «cuenta ahora con un programa de captación y fidelización de profesionales sanitarios que permite atajar la falta de médicos en la Comunidad y la creación de plazas de difícil y muy difícil cobertura, consiguiendo que se hayan podido cubrir en tres meses las plazas de oncología en el hospital de Ibiza».

Para el PSOE balear, la decisión del TC es «un paso adelante importante» en la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y por una sanidad pública de calidad. Según su portavoz, Iago Negueruela, es un decreto ley que «ataca la lengua propia de Baleares».