El primer padre que pelea por la igualdad del castellano en las aulas en Baleares: «Pido el 50%»

Roberto (nombre ficticio) denuncia que el instituto público de Calviá (Mallorca) impide que sus hijos usen el castellano «libremente». Todos los trabajos, las tareas y las intervenciones, tanto orales como escritas, han de ser en catalán. Así lo establece el proyecto lingüístico del IES Calvià, que reza que la lengua catalana es la «piedra angular» del centro. Un documento al que se aferra el equipo directivo para desatender la reclamación de este progenitor -ex alumno de este instituto- que quiere que sus hijos puedan usar indistintamente las dos lenguas oficiales en los trabajos y los exámenes, «sin coacciones».

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«No voy a pasar por el aro», sostiene a ABC, cansado de reclamar cada curso que sus hijos, que actualmente estudian 4º de ESO, no sean discriminados por usar su lengua materna. Al ver que el centro «se ha cerrado en banda», ha recurrido al Gobierno balear de la popular Marga Prohens para que le conceda que el castellano sea vehicular en la misma proporción que el catalán. Es el primer padre que reclama el 50% de enseñanza en español en Baleares.

«Pido un 50% de clases y que se cumpla el mínimo del 25%», detalla, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. Su burofax se mandó la semana pasada a la Consejería balear de Educación, pidiendo que el castellano sea lengua de enseñanza y no se limite únicamente a la asignatura de Lengua Castellana y Religión. «No puede ser que una lengua oficial sea tratada como una lengua extranjera», apostilla.

Cuenta que el «tema de la lengua» ha sido «recurrente». El año pasado ya tuvo problemas por la imposición del catalán en este centro educativo, ubicado en una de las zonas más turísticas de Mallorca y con una alta tasa de población foránea. La profesora de Geografía dejó sin corregir un examen de su hija porque respondió en castellano. El desencuentro se solucionó cuando habló con el director y éste medió para que la docente no volviera a poner «trabas».

«Pero este curso se ha complicado», prosigue el padre. «Ahora es la profesora de Valores Éticos la que no quiere puntuar las tareas de mi hijo». El chaval le mostró a su padre un pantallazo donde la docente exigía por escrito que el trabajo se hiciera en catalán: «Os recuerdo que todas las tareas han de estar en catalán o no las puntuaré», advirtió. Y lo cumplió al dejar sin evaluar a su hijo y otros compañeros.

Esta vez, al protestar, el director le dijo que no se podía hacer nada. «Que la ley había cambiado y que ahora resulta que los alumnos están obligados a hacer las tareas y exámenes en catalán».

En un correo electrónico, al que ha tenido acceso ABC, el director le indica que el artículo 4 d) de la Orden del consejero de Educación, Cultura y deportes, de día 12 de mayo de 1998, ordena que «en las áreas impartidas en lengua catalana, todas las actividades docentes y de comunicación, realizadas por el profesorado y por el alumnado, han de ser en esa lengua«. Por tanto, «ésta es la norma que debemos aplicar como funcionarios públicos y es el caso de la materia de Valores éticos», zanja el docente, que no ha querido atender a los requerimientos de este diario.

«A partir de ahí mandé un burofax exponiendo al conseller nuestro caso y preguntando si efectivamente había habido un cambio de normativa, pero no nos ha contestado», prosigue Roberto que, buscando información, localizó a la asociación PLIS. Educación, por favor. Esta entidad, integrada en Escuela de Todos por la defensa de la vehicularidad del castellano en la educación, le ha ayudado a interponer su solicitud.

«Estos padres no sólo han pedido el mínimo del 25% del castellano sino el 50%», hace hincapié PLIS, que recuerda que la última sentencia del Tribunal Constitucional de la ley Celaá especificaba «muy claramente» que tanto el castellano como el catalán son lenguas de enseñanza y deben aparecer en la práctica docente en un patrón de equilibrio e igualdad.

Además, la denuncia de los padres del IES Calvià es la primera que se hace en la etapa del Gobierno de Marga Prohens, del PP, lo que «va a dar la medida de la voluntad del nuevo gobierno de llevar adelante el fin de la inmersión lingüística y cómo lo quiere llevar», apunta PLIS. La Consejería tiene tres meses para contestar al requerimiento de Roberto pero los demandantes confían en que sea antes.

En cuanto a que la profesora se niegue a calificar un trabajo sometido a control por no estar escrito en catalán, la asociación de profesores advierte de que es «una total arbitrariedad» y la legislación no lo permite.

Sostiene que cuando los planes lingüísticos establecen que las asignaturas deben ser en catalán y dicen que las producciones tienen que ser en catalán, no citan nunca un examen o un control, que son el método objetivo por el cual un profesor debe evaluar a un alumno. Por tanto, «no sólo es arbitrario sino ilegal que se niegue a un alumno su derecho a hacer un examen o un control sometido a calificación o evaluación en castellano, y no hay ninguna ley o decreto que obligue a que los exámenes estén escritos en catalán».

El IES Calvià publica su proyecto lingüístico en su página web. Aparte de declarar que el catalán es «la piedra angular», pide a los profesores no cambiar «nunca de lengua» porque «todos enseñamos lengua y actitudes lingüísticas». Proclama que «el catalán debe ser algo más que una asignatura en la escuela».

El proyecto lingüístico estipula que «todas las actividades docentes y de comunicación, realizadas por el profesorado y el alumnado, deben ser en lengua catalana». Incluye la explicación del profesor, los libros de texto, la documentación complementaria elaborada por el profesorado, así como las producciones orales y escritas del alumnado, sus trabajos, sus intervenciones en clase y las tareas.

El IES Calvià proclama que hay que «hacer del catalán una lengua significativa dentro del recinto escolar» para «hacer de contrapeso a los prejuicios que, fuera del centro, impulsan a la mayoría de los alumnos a renunciar a usar el catalán».

Cuando Roberto leyó el proyecto lingüístico en la web, se decidió a poner su reclamación. «Mi mujer y yo hemos nacido en Mallorca, hemos sido alumnos del IES Calvià y hemos estudiado en catalán. No hemos pedido nunca que se imparta una asignatura en castellano para nuestros hijos. Lo único que reclamábamos es que fueran libres de expresarse en cualquiera de las dos lenguas, catalán o castellano, sin imposiciones. Visto que se han puesto intransigentes, no me ha quedado otra opción», expone.

La semana pasada se citó con la profesora de Valores Éticos y el director. Una reunión donde los docentes mantuvieron que «la inspección educativa exige que se cumpla el proyecto lingüístico«. Justificaron la inmersión en catalán «para compensar la población extranjera de la zona», cuenta el padre, que comprobó que otros proyectos lingüísticos de pueblos del interior con mayoría de población catalanohablante también aplican la inmersión lingüística: «Aquí la cuestión es que siempre tienen un argumento para imponer el catalán».

De momento, su hijo ha repetido el trabajo, en catalán, para que la profesora se lo corrija. «Lo que me choca es que una docente, encima de valores éticos, discrimine a mi hijo por la lengua», se lamenta. «No estamos pidiendo nada del otro mundo: poder usar la otra lengua oficial en la escuela».