Los policías piden bajar la edad penal del menor pero los jueces niegan que sea «la solución mágica»

Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) señalan que la norma actual «ya no responde a la gravedad de los delitos que cometen algunos menores», que ahora empiezan a delinquir antes que hace dos décadas, cuando la LORPM entró en vigor. Desde Jupol consideran que está «totalmente desactualizada» y «genera sensación de impunidad, especialmente en menores de 14».

La mayoría de los jueces de esta especialidad rechazan la modificación de la norma, según pudo saber ABC por fuentes judiciales. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) explican que el problema es la falta de recursos para una correcta aplicación.

Este diario ha hablado con portavoces de las citadas entidades sobre la LORPM. Y también con la psicóloga forense Marta de Prado, que desarrolla cómo ha evolucionado el perfil delictivo: «Vamos muy deprisa, hay tanta sobreestimulación que todo empieza antes». Partidarios o no de una reforma de la ley, existe entre los expertos el consenso generalizado de señalar la exposición constante y facilidad de acceso a contenidos violentos y pornográficos en móviles y en redes sociales como factores que determinan el aumento de conductas cada vez más agresivas en los jóvenes. «El acceso a estos contenidos hace que los niños pierdan el miedo a la violencia y la normalicen», explica la psicóloga forense De Prado.

«Se suma la falta de figuras afectivas estables y seguras en algunos menores, como figuras paternas y maternas o otros adultos de referencia, que hacen que no puedan conectar con sentidos de carácter más emocional. Son niños que no han aprendido a querer y es muy difícil que conecten con otras personas. Terminan asumiendo la fuerza como una forma para ganar respeto o estatus y cosifican a las víctimas, no las ven como un ser humano que pueda sufrir», continúa.

¿Pero son conscientes de lo que conllevan estos actos?, pregunta este diario poniendo de ejemplo el crimen de Badajoz. De Prado reflexiona lo siguiente: «Pueden estar asesinando en un momento de ira porque necesitan salir de ese piso y no piensan en las consecuencias, están tan desconectados de la realidad y tienen tanta prepotencia que creen que no va a tener consecuencias. Son menores pero conscientes. Pueden diferenciar».

La psicóloga forense señala que los niños y adolescentes pueden llegar a ser «muy peligrosos» por estas razones, pero también «más fáciles de reinsertar y reconducir» porque «todavía están en desarrollo». E insiste por ello en la importancia de hacer «mucha inversión» en educación afectiva y de conexión emocional para prevenir estos delitos. Y en cuidarle en el momento en el que va a ser reinsertado en la sociedad para que él mismo no se vea solo y caiga en el mismo pozo.

Reyes Martel Rodríguez, magistrada juez del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y perteneciente a la AJFV, recuerda que el carácter de la LORPM es de reintegración y reeducación y asegura que no hay que hacer ninguna reforma.

«En Inglaterra la edad penal está en los 10 años y no es un país que destaque especialmente por tener un índice bajo de delitos cometidos por jóvenes», añade Martel, que apuntala: «Bajar la edad penal no es la solución mágica, sería un absoluto despropósito».

«Fue una ley muy vanguardista con herramientas muy poderosas para recuperar a estos chicos. Y la reinserción podría ser mayor si se dotara de más medios, mayor educación en valores y afecto y el legislador estuviera pendiente de nuestra jurisdicción», explica Martel Rodríguez, que lamenta que solo se acuerdan de los jueces de menores cuando ocurren estas desgracias, pero, en cambio, lleven años sin convocar pruebas para optar a esta especialidad de la carrera judicial.

También María Jesús del Barco, presidenta de la APM, rechaza una modificación de la ley menor: «Regular en caliente nunca es bueno y más cuando hablamos de derechos fundamentales de menores». Y Del Barco añade: «La ley está bien y tiene mecanismos para dar respuesta a estas situaciones graves como internamientos hasta menos graves, como las amonestaciones». La presidenta de APM también considera que la solución pasa por reforzar los medios para una correcta aplicación: «No puede haber una mujer sola con tres menores peligrosos».

La LORPM diferencia el internamiento de régimen cerrado –medida más dura– en dos franjas de edad. Entre los 14 y 15 años, el internamiento puede ir desde un año a cinco máximo. Luego, de los 16 a 17, el encierro puede alcanzar hasta los ocho años. La norma desarrolla además diferentes grados de correctivos como varios tipos de internamiento hasta las amonestaciones, la libertad vigilada o la asistencia a centro de día, entre otros.

Según la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, en las diligencias que se archivan en 2023 por ser los presuntos infractores menores de 14 años, es decir, inimputables con la ley en vigor, hay un incremento de 45 por ciento, lo que revela «un importante repunte» frente a 2022.

«La criminalidad vinculada a las infracciones cometidas por menores de edad ha disminuido, si bien, ha aumentado cuando el presunto culpable no ha alcanzado la edad de 14 años –explica la Fiscalía en su análisis de 2023–, dato que ha de observarse con cautela pues al tratarse de un inimputable no es posible recabar prueba cierta de su responsabilidad; siendo el análisis más complejo».

Poniendo zoom sobre los datos del Ministerio Público, se revela que los delitos de lesiones cometidos por menores han pasado de 11.628 en 2022 a 12.394 en 2023 (incremento del 6,59 por ciento). Especial reseña para la violencia de género, con «la cifra más alta de los últimos cuatro años»: se han registrado 807 causas con menores, un 11 por ciento más respecto a las 727 causas del año anterior.