El Opus Dei reconoce ocho casos «fundados» de abusos sexuales en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina

El reconocimiento se ha hecho a través de un comunicado, difundido por la Oficina de Comunicación de la Prelatura en Argentina -que sin embargo no aparece en la web general- y coincide temporalmente con el Congreso General Extraordinario que el Opus Dei está celebrando en Roma para adecuar sus estatutos a los requerimientos del Papa Francisco.

El comunicado comienza reconociendo el «dolor y respeto por las personas que han sufrido daños cometidos por fieles de la Prelatura». El texto también remarca que el «reconocimiento de los males provocados nos lleva a un profundo pedido de perdón a cada persona agraviada», a la vez que asume «una renovación del compromiso por la creación de ambientes seguros».

En cuanto a los ochos casos concretos, el comunicado revela que en uno de ellos se llegó a una «condena canónica en una instancia diocesana por delegación del Dicasterio del Clero». Por los datos, se entiende que es el correspondiente al sacerdote acusado que sigue vivo, ya que en los otros dos casos, al haber fallecido, no tendría cabida esta medida. En cuanto a los restantes casos, los cinco correspondientes a los «fieles laicos», «se tomaron medidas disciplinarias», que no especifica. «En todos los casos se procuró reparar y acompañar a las personas afectadas en su proceso de sanación», añade el comunicado.

«Sentimos una enorme tristeza y lamentamos el profundo dolor de las víctimas, y admitimos que no siempre hemos sabido darle a cada uno el reconocimiento, acompañamiento y apoyo que buscaba y necesitaba. Esperamos sinceramente que la experiencia recogida en estos años y la escucha de las víctimas, junto con el refuerzo de las medidas de prevención, contribuyan a que este tipo de situaciones no se repitan«, señala el texto facilitado por la Oficina de Comunicación de la Prelatura en Argentina.

El texto también recoge el «deseo de acompañar a las víctimas en el camino de reparación y sanación», a la par que reafirma su «total rechazo a cualquier tipo de abuso y nuestro compromiso con la promoción de un ambiente seguro para niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables». En ese contexto, también añade el comunicado que la «política de comunicación» del Opus Dei con respecto a los casos de abusos en su seno, está «orientada a la sanación de las víctimas y a afianzar los procesos de prevención».

Así, el texto justifica que en algunas ocasiones «una vez esclarecida la verdad y aseguradas las sanciones adecuadas, los afectados prefieren optar por preservar su privacidad personal y familiar». Mientras, en otros casos, al concluir el procedimiento formal y «a partir de un diálogo con las víctimas y de acuerdo con la normativa vigente en los respectivos países, se ha procedido a una comunicación». Sobre este último procedimiento citan los casos en Chile en 2021 y 2022, correspondientes a un laico y un sacerdote, y uno de España en 2020, que supuso unas medidas penales canónicas contra un sacerdote que abusó de un joven mayor de edad.

El texto no hace referencia a otro de los casos que ha cobrado actualidad en los últimos días, a raíz del documental dirigido por Jordi Évole, en el que 10 jóvenes se encuentran con el Papa Francisco. Uno de ellos, Juan Cuatrecasas, relata al Papa los abusos que recibió en el Colegio Gaztelueta, por parte de un profesor, que es numerario del Opus Dei y por tanto laicos, como en cinco de los casos reconocidos en la región de la Plata.

Al escuchar al abusado, el Papa se comprometió a reabrir el procedimiento canónico contra el profesor, a pesar de que ya había sido juzgado civilmente (con un condena inicial a 11 años de cárcel, reducida más tarde por el Supremo a dos), y de que el Código de Derecho Canónico (reformado más tarde) no contemplaba, en el momento en que se produjeron los hechos, que se pudiese juzgar a los laicos por ese delito. Por esa razón, el Papa «como legislador supremo declaró, en este caso concreto, la retroactividad», según reconoció el portavoz de los obispos españoles, César García Magán.

La reapertura del caso supuso la creación de un tribunal eclesiástico presidido por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, que está pendiente de dictar sentencia, tras finalizar sus trabajos el mes pasado. José María Martínez, el exprofesor condenado, siempre ha insistido en su inocencia a pesar de la condena inicial y la ratificación del Supremo. Tampoco reconoce la legitimidad del tribunal eclesiástico, por lo que no compareció cuando fue llamado a declarar y fue representado por su abogado.