Las listas de espera para la dependencia crecen: más de 286.000 personas y casi un año para acceder a las ayudas

El último informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia pone cifras a este diagnóstico preocupante: a mitad de 2025, 286.681 personas esperan algún trámite del sistema. De ellas, 150.482 ya tienen reconocido el derecho, pero siguen sin recibir prestación o servicio alguno. Otras 136.009 personas ni siquiera han sido valoradas aún. En total hay 16.536 personas más que a principios de año en las llamadas listas de espera. «Salvando las cuatro comunidades donde, junto con Ceuta y Melilla, se cumplen los seis meses para resolver un expediente, en el resto de territorios es un derecho de papel», explica Ramírez.

Aunque en 2025 se ha producido un leve aumento de personas atendidas — 44.532 más que a finales de 2024— el informe denuncia que este crecimiento se apoya en servicios de bajo coste y escasa intensidad, como la teleasistencia o los cuidados informales en el entorno familiar. Estas fórmulas, si bien útiles, no suplen la necesidad de una red pública sólida de servicios profesionales.

Noticia Relacionada

Solo tres de cada diez personas mayores reciben ayudas a la dependencia

Javier Palomo

La financiación pública no llega a cubrir las demandas actuales de la población envejecida, según destaca un informe de la Fundación IDIS

Este modelo, definido en el informe como «low cost», se ha visto reforzado por la paralización del incremento presupuestario en 2024 que impulsó el Plan de Choque durante los años 2021 a 2023, dotado con 600 millones anuales adicionales. Esta fue una iniciativa del Gobierno aprobada en enero de 2021 con el objetivo de mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la desigualdad entre comunidades autónomas. Canarias presenta el mayor porcentaje de personas pendientes de recibir prestación(35,4%), seguida del País Vasco (16%) y Cataluña (14,5%). Por el contrario, regiones como Aragón (1,5%) o Navarra (2,1%) son las que tienen un menor porcentaje.

El tiempo medio para resolver un expediente en España se sitúa ya en 342 días, casi el doble del máximo legal de seis meses y 8 días más que al inicio de 2024. En varias comunidades como Andalucía (574 días), Murcia (564) y Canarias (521), el tiempo de espera es superior a doce meses frente al de otras como Castilla y León (113) o el País Vasco (129).

Estas diferencias reflejan, según los autores del informe, la falta de un modelo común coordinado desde el Estado y un entramado burocrático que ralentiza gravemente la atención. La tramitación implica dos procedimientos administrativos por persona(resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona), lo que, unido a la falta de personal técnico, genera demoras que pueden llegar a hacer inútil el derecho reconocido. «Cerca de 900.000 personas han fallecido sin haber recibido las ayudas a las que tenían derecho», explica José Manuel Ramírez.

A nivel financiero, la aportación estatal al sistema apenas alcanza el 28,6% del gasto total. Además, entre 2012 y 2021 se acumularon recortes por más de 6.321 millones de euros que, según denuncia el informe, no se han compensado plenamente.

Para mejorar la situación de los sistemas de atención a la dependencia, José Manuel considera que son necesarias cuatro medidas: «Que se incorporen los 600 millones de euros 'ex novo' que el Plan de Choque había impulsado; llegar al equilibrio de financiación entre las autonomías y el Gobierno, integrar a los ayuntamientos en los procesos de dependencia y, por último, simplificar los procedimientos burocráticos unificándolos».

En paralelo al aumento de personas atendidas, también se incrementan las que se quedan atrás. Comunidades como Cataluña (+21,8%), Madrid (+32,8%), Castilla-La Mancha(+63,4%) y Cantabria(+64%) han visto crecer sus listas de espera por encima del 20% en lo que va de año. Cataluña, en términos absolutos, lidera el aumento con casi 8.000 personas más en lista de espera. Frente a este crecimiento encontramos otras regiones que han logrado reducir su lista de espera de manera significativa como Galicia(-26,1%) y Navarra(-11,6%).

El sistema crece, pero no mejora ya que tiene que convivir con procedimientos burocráticos lentos y recursos limitados que limitan la acción del mismo. El informe refleja la necesidad de medidas que permitan salvar la brecha existente entre el derecho legal y el derecho real.