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Así lo reflejan los nuevos datos sobre financiación de la dependencia publicados este lunes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y según los cuales 11.522 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023, con 8.230 millones de aportación por parte de las comunidades autónomas (71%) y 3.292 por parte del Gobierno central (29%).

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Tras puntualizar que, durante el Plan de Choque, entre los años 2020 y 2023, el Gobierno de España incrementó su aportación para la dependencia en un 138% frente al 9% del incremento de las comunidades autónomas, la asociación lamentó que, en 2024, «al no aprobarse los presupuestos no ha habido incremento» y que «sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación».

Así, tres comunidades disminuyeron durante ese periodo el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, con Castilla y León a la cabeza con 34,7 millones de euros menos, seguida de Galicia, con 6,4 millones menos y Aragón, con 3,2 millones menos.

Para la asociación, «especialmente sangrantes» son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población «potencialmente dependiente» (16%) frente al 23% de media nacional.

En este contexto, la entidad subrayó que se «mantiene» la «acusada desigualdad» territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros), Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073 euros).

Por su parte, las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos, es decir, las más financiadas por la Administración General del Estado, son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).

Asimismo, según la asociación, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo de 2015 a 2020 presentaba una «tendencia alcista» que se «rompe» en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque fue «utilizado» por «algunas» autonomías para «retirar» parte de su financiación.

De este modo, según sus cálculos, el peso de las comunidades en la financiación cae un 13% entre 2021 y 2023, mientras que la AGE «refuerza» la financiación del sistema y los «recortes» en la aportación en «algunas» regiones «han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque».

A este respecto, coincidiendo con el cumplimiento de la «mayoría de edad» de la Ley de Dependencia, que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, tiene previsto reformar de forma inminente, la asociación denunció el «incumplimiento» de las administraciones públicas, que, a su juicio, «han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel».

«Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que, en un importante porcentaje, forma parte del ciclo natural de la vida y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia», advirtió, al tiempo que aseveró que ello «exige» prestar «atención» a esta política «con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la ley».