Una persona fallece cada 12 minutos mientras espera la prestación por dependencia

«La burocracia y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera, hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo«, ha alertado la entidad. Hace un par de semanas, la misma asociación revelaba que las comunidades autónomas en conjunto habían reducido 98 millones de euros su aportación para dichas ayudas.

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En relación con los fallecimientos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho hincapié en que 123 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia en España sin ser atendidas, lo que supone «una cada 12 minutos». Además, ha destacado que el tiempo medio de espera para recibir una prestación o servicio de la dependencia se sitúa en 324 días.

Por comunidades, las regiones con mayor «limbo de la dependencia» son, a septiembre de 2023, Cataluña (26,06%), País Vasco (17,83%) y La Rioja (15,09%). En el otro lado, Castilla y León (0,14%), Aragón (0,89%) y Galicia (2,54%), son los lugares donde hay un menor porcentaje de personas pendientes de recibir prestación.

En este contexto, la asociación señala que tanto Aragón como Galicia están cumpliendo con el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque de 2023. «Comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario y haber disminuido el presupuesto propio, han aumentado la lista de espera en este año: Comunidad Valenciana (64,4%), Cantabria (44,4%) y Madrid (28,2%)», ha subrayado.

Además, Canarias (+14,24%), Baleares (+9,55%) y Galicia (+7,22%) son las comunidades que más han aumentado el número de beneficiarios con prestaciones, mientras que las que más han aumentado el número de persona beneficiarias con derecho a prestación han sido Baleares (+10,09%), C. Valenciana (+9,38%) y Canarias (+8,94%). Cantabria es la única región que no ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias con prestaciones (-0,50%).

Finalmente, la organización ha apuntado, asimismo, que en septiembre de 2023 había un total de 67.514 personas beneficiarias más que en diciembre de 2022, lo que representa un incremento del 5,42% respecto a comienzo de año. «Son necesarias medidas urgentes para evitar el abandono de las personas más vulnerables de nuestro país», ha manifestado.

«El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones», ha reclamado la asociación.

La aportación para la dependencia es una partida del presupuesto estatal que se destina a apoyar a las personas mayores o discapacitadas que necesitan ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana. Esta ayuda financiera se brinda a través de servicios, atención, equipamiento y adaptaciones.

Es un recurso especialmente útil, para aquellas personas que necesitan apoyo para desarrollar una vida independiente en su propia casa, en lugar de vivir en una residencia de ancianos.

El Plan de Choque establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsó el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, a través de la Mesa de Diálogo Social con las organizaciones empresariales y sindicales, que en 2021 inyectó al sistema 600 millones de euros.