Los jueces piden evitar la confrontación visual de la víctima de violencia de género con el agresor

Se trata de un documento elaborado por su grupo de expertos que actualiza una primera edición publicada en noviembre de 2018 y que busca, según ha explicado el Observatorio, «homologar la respuesta judicial» y evitar la victimización secundaria de las víctimas de esta lacra.

Además, explica que con esta guía se da «cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género», así como «al deber legal de las Administraciones públicas de proteger a las víctimas, y especialmente a las que sufren este tipo de violencia».

«No es posible que el contacto de la víctima con la Administración le suponga un nuevo frente adicional al que ya ha venido sufriendo de manos de su victimario», recoge el documento, antes de señalar que con esta situación «se le causaría un maltrato añadido».

En concreto, la guía advierte de que esta revictimización deja a las víctimas «desoladas e inseguras» y genera en ellas una pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad de éstas de dar una respuesta a su situación.

«El contacto con la Administración de Justicia no puede contribuir a aumentar el sentimiento de culpabilidad que con frecuencia tienen las víctimas de violencia machista. Cuando dan el paso de denunciar los hechos, llegan en una situación psicológica que les hace sentirse indefensas y vulnerables», apunta el Observatorio.

Con la misma finalidad, el documento recomienda evitar el peregrinaje judicial de la víctima resolviendo sobre las medidas civiles y penales solicitadas tras su primera comparecencia, también en los casos en los que se ha producido ante el juzgado en funciones de guardia.

Así, la guía insta a los órganos judiciales a solicitar a las administraciones competentes que les doten de los medios adecuados en el caso de que no dispongan de ellos. «Una buena organización judicial favorece la protección de la víctima», señalan los expertos del Observatorio.

En este sentido, reclaman de las instituciones competentes en materia de Administración de Justicia que tomen «en consideración la insostenible situación de los Juzgados mixtos con competencias en materia de violencia sobre la mujer», pues, a su juicio, «no pueden prestar un servicio público adecuado, ni en el fondo ni en la forma, a la víctima y a sus hijos».

Del mismo modo, consideran necesario reducir los tiempos de respuesta, porque «la lentitud perjudica a las víctimas», e insisten en la importancia de especializar a todos los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos de violencia sobre la mujer.

El documento también cuenta con medidas relacionadas con el desarrollo de la primera declaración judicial de la víctima; la atención que debe darse a estas mujeres en los órganos de enjuiciamiento o en la fase de ejecución de las sentencias; o sobre los casos de dispositivos telemáticos, entre otras.