Los jueces piden al Gobierno un sistema de alertas tras asesinar un maltratador a su hijo en una visita autorizada

Un caso de violencia vicaria que se podría haber frenado. Para evitar que no vuelva a ocurrir, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles una propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, para lograr una coordinación eficaz entre los juzgados del orden penal con competencias en violencia sobre la mujer y los juzgados de primera instancia que tramitan procedimientos de familia.

El objetivo es establecer un cauce bidireccional de comunicación estable que permita a los órganos con competencias en materia de familia tener conocimiento y acceder a las resoluciones dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer cuando presunto agresor y víctima están a su vez en trámites de separación, y viceversa.

Para ello se hace necesario que los primeros soliciten al Ministerio de Justicia el acceso al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). De hecho, piden al departamento que dirige Pilar Llop que estudie la posibilidad de que el SIRAJ disponga de un sistema de alertas que avise a los juzgados de familia de forma inmediata y automática de la existencia de resoluciones penales que afecten al proceso civil sin necesidad de realizar consultas sucesivas y reiteradas.

Eso tendrá que venir acompañado de un protocolo sobre la forma de acceder, el tratamiento y la utilización de los datos, así como de la colaboración de la Fiscalía General del Estado. También de mecanismos digitales que permitan acceder fácilmente al contenido de las resoluciones de todas las comunidades autónomas.

Asimismo, la Comisión ha aprobado instar al Ministerio de Justicia a que promueva una reforma legislativa dirigida a establecer que, recibida la demanda de disolución matrimonial o relativa a la situación de menores, los órganos judiciales lleven a cabo la correspondiente consulta al SIRAJ antes de dictar cualquier resolución. Dicha reforma debería establecer también la necesidad de que la Fiscalía, como garante del interés superior del menor, realice la correspondiente consulta al SIRAJ antes de emitir su informe con el fin de comprobar si existen sentencias condenatorias o medidas cautelares del ámbito penal que puedan afectar al procedimiento civil.