Gobierno y autonomías blindan el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para hacerlo permanente

El Ministerio de Igualdad y las consejeras del ramo se han reunido en el Senado, en el contexto de una Conferencia Sectorial de Igualdad extraordinaria, para tratar la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las medidas impulsadas por el departamento de Irene Montero en el decreto ley aprobado esta semana con motivo de la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante su intervención ante los medios, Rodríguez ha celebrado el «acuerdo» existente durante la reunión a pesar de las «declaraciones preocupantes» escuchadas últimamente por representantes institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico. A su juicio, «era necesario que esta sectorial mostrara a la ciudadanía y trasladase a las mujeres que existe un pacto que viene para quedarse, que es permanente y que las instituciones y los gobiernos van a trabajar para que así sea».

Ese es el mensaje que, en su opinión, se proyecta con la aprobación de este grupo de trabajo que en los próximos meses de abril y mayo trabajará para poner sobre la mesa los «ejes fundamentales» a tratar dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Estos, según ha apuntado Rodríguez, se van a centrar en cuatro aspectos: garantizar un sistema de financiación y una serie instrumentos administrativos que hagan estables todos los proyectos contra estas violencias; un refuerzo en la prevención y detección precoz de todas las formas de violencia (incluyendo la trata y la explotación sexual); mejorar las actuaciones frente a «nuevas manifestaciones» de violencia, como la vicaria, la digital o la económica; y crear un sistema de rendición de cuentas y evaluación de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y comunidades.

Según ha indicado la secretaria de Estado, el objetivo es llegar a junio para presentar las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo ante la Comisión Técnica y el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y, ya en julio, aprobar este texto en la Sectorial.

«Así, en julio este año tendremos la capacidad de poner encima de la mesa un acuerdo para trabajar de manera permanente en la lucha contra la violencia machista», ha apuntado Rodríguez.

Además, Gobierno y autonomías han acordado realizar un decálogo de buenas prácticas en esta materia, que se desarrollará en los meses de septiembre y octubre. La 'número dos' de Irene Montero ha insistido, en este sentido, en la «sintonía extrema» que se ha vivido en la reunión con las consejeras y ha agradecido la «generosidad» de las mismas. De hecho, ha descrito la reunión como «una habitación llena de mujeres feministas», algo que, ha considerado «muy relevante en el actual contexto de negacionismo» sobre la violencia de género existente.

Rodríguez ha advertido de que los «discursos de vanalización» sobre este tema «no ayudan» a las víctimas, sino que sirven para «normalizar» y alerta de que estas opiniones las escuchan maltratadores o jóvenes que «repiten estas justificaciones» sobre la violencia machista.

En este sentido, la secretaria de Estado ha hecho «un llamamiento» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , para pedirle que su formación «vuelva al consenso» del Pacto de Estado y deje de «tontear ante la posibilidad de hacerle el juego a las fuerzas antidemocráticas». Rodríguez le ha recordado al líder 'popular' que cuando era presidente gallego lideraba una comunidad con una ley contra esta materia que hasta incluía ya en su texto la violencia vicaria. A su juicio, las mujeres españolas «se merecen un PP contra la violencia machista y ha asegurado que le consta que las votantes de este partido piensan que esta lacra es un problema y es algo contra lo que hay que luchar».

Precisamente Galicia ha sido la única autonomía que ha pedido en la Sectorial de hoy ampliar el concepto de violencia de género para recoger casos como el de Jessica Méndez, asesinada precisamente por un acosador en Barro (Pontevedra). En el encuentro, la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, demandó la modificación de la ley e incorporar «todos los tipos de violencia» que existen contras las mujeres. Según recoge un comunicado remitido a los medios tras la reunión, la representante del Gobierno gallego recordó que la legislación gallega fue pionera y ya recoge «un elenco más extensos de supuestos», como la violencia vicaria (aquella ejercida contra los hijos para hacer daño a las mujeres) o episodios como el de Jéssica Méndez, asesinada supuestamente por un acosador en Barro (Pontevedra).

Por otra parte, en la reunión se ha hablado de las medidas impulsadas por Igualdad incluidas en el decreto ley aprobado por el Gobierno con medidas frente a la crisis generada por el conflicto en Ucrania y que, entre otras iniciativas, permite que las víctimas de trata y explotación sexual no dependan de una denuncia para acceder a los servicios sociales y económicos.

Tal y como ha explicado Rodríguez, estas víctimas dependían hasta ahora de su «colaboración con la policía para ser identificadas» como tal, una situación que era muy «complicada» para muchas de ellas, según ha indicado.

Así, Rodríguez ha apuntado que, tras el nuevo decreto, una mujer que, por ejemplo, «está en un puticlub puede llamar directamente al 016 en donde va a encontrar apoyo emocional y asesoramiento jurídico». Además, se añade el ucraniano a la docena de idiomas en las que ya se atendía en este número.

A través de este servicio se les pondrá en contacto con las entidades sociales que trabajan con el Ministerio más cercanas y que son las que acreditarán su situación como víctimas de esta violencia. «Si cumplen los requisitos», según ha indicado Rodríguez, se les facilitará alternativa habitacional o acceder al Ingreso Mínimo Viatal (IMV).

Otra de las medidas que se ha tratado en la reunión sobre el decreto es la ampliación del bono social a las familias monomarentales, la flexibilización del Plan Corresponsables a mujeres refugiadas o menores solos, así como medidas específicas contra la discriminación por etnia, raza, origen nacional, identidad de género o discapacidad, entre otras.

Al respecto, la secretaria de Estado ha apuntado que el teléfono de delitos de odio pasará a ser, como el 016, un número de tres dígitos que, según ha apuntado Rodríguez, facilitará su acceso y buscará mejorar la situación de infradenuncia que se detecta ante este tipo de sucesos.

Finalmente, y en el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Rodríguez ha lamentado los «meses de retraso» que llevan los órganos constitucionales para que la ley vaya a segunda vuelta al Consejo de Ministros y pueda ser enviada a las cortes y ha defendido que las personas trans han de dejar de ser «personas enfermas» en España. «Llevan décadas esperando», ha declarado, antes de apuntar que este colectivo merece «vidas dignas».