Las implicaciones de la sentencia sobre el aborto del Constitucional

Un cambio que, a efectos prácticos, no supondrá diferencias respecto a las posibilidades con las que cuentan las mujeres para acceder a la interrupción del embarazo. La acción del Constitucional avala la denominada ley de plazos, instigada por la exministra de Igualdad Bibiana Aído, tras ser recurrida ante el Alto Tribunal por el PP.

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Por lo tanto, se mantiene el plazo de 14 semanas de gestación para interrumpir el embarazo en condiciones normales -sin necesidad de justificación-, ampliable a 22 si se constata un riesgo grave para la salud de la madre o el feto. Asimismo, se considera que el aborto se puede producir sin límite en el tiempo de gestación cuando se detecten anomalías incompatibles con la vida o enfermedades graves en el feto.

Uno de los aspectos no tratados en la sentencia del Constitucional corresponde a las novedades introducidas por la reforma de Irene Montero, que añade la posibilidad de interrumpir el embarazo a las mujeres a partir de los 16 años y sin la necesidad de consentimiento paterno.

Una medida que recogía originalmente la ley Aído pero que fue posteriormente eliminada de la norma en 2015 durante el gobierno del Partido Popular, que volvió a introducir el consentimiento de los padres o tutores legales como condición para el aborto en mujeres de 16 y 17 años.

Por ello, el Alto Tribunal no trata este aspecto de la ley en la sentencia y habrá que esperar a una futura ponencia al respecto para conocer el dictamen de la institución.