El Constitucional construirá el derecho al aborto sobre la integridad y dignidad de la mujer

Se confirman así las sospechas de un sector de la judicatura que, como informó ABC, lleva tiempo advirtiendo de que la sentencia intentará blindar la recientemente aprobada ley de Irene Montero configurando un derecho «de nueva creación», como se ha hecho en la reciente sentencia de la eutanasia. En ella se habló de la «autodeterminación» que permite a la persona «decidir de manera libre, informada y consciente» en este caso el modo y momento de morir «en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes». Ahora apelará a esa autodeterminación para defender el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo cuando lo haga de esa forma libre, consciente e informada. Además, proclamará que el legislador no puede limitar ni restringir ese derecho.

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Nati Villanueva

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La ponencia de Montalbán ya está en manos de los magistrados del TC, y será aprobada en el Pleno que comienza este martes con los mismos votos (siete a cuatro) con los que se echó atrás la elaborada por el anterior ponente, el magistrado Enrique Arnaldo, cuyo borrador dejaba intacto el sistema de plazos y sólo cuestionaba, por insuficiente, la información que ha de recibir la gestante para que se pueda hablar de un consentimiento pleno.

Fuentes del TC señalan que la ponencia de Montalbán, en la que han habrían hecho aportaciones distintos magistrados del grupo progresista, proclama ese derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo en base a los artículos 10.1 (dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad) y 15 (integridad física y moral) de la Constitución, los mismos con los que avaló la eutanasia y también a la grave situación de tensión que se genera en la mujer que se encuentra en ese trance.

Pese a que el TC sólo se ha pronunciado en una ocasión sobre la ley del aborto (la de 1985) que estableció un sistema de supuestos, en el borrador de Montalbán apenas hay referencias a ella. Aquella resolución establecía una ponderación de derechos (el de la madre a interrumpir el embarazo y el del feto a la vida) que el TC ni contempla. De hecho, el término 'nasciturus' que se empleaba en aquélla y que también utilizaba el ponente del anterior borrador, Enrique Arnaldo, no aparece en la futura sentencia, en la que se habla de «vida en formación», según revelan las fuentes antes citadas.

El Constitucional dará el aval a la ley Aído trece años después de que el Grupo parlamentario Popular interpusiera el recurso de inconstitucionalidad y con la totalidad de sus miembros en Pleno, pues hace tres meses la mayoría progresista rechazó las recusaciones promovidas contra cuatro de los magistrados por haberse pronunciado en el pasado sobre la norma. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, lo hizo como fiscal general del Estado; Juan Carlos Campo como secretario de Estado de Justicia y Concepción Espejel e Inmaculada Montabán como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pleno no llegó a entrar en el fondo de estas recusaciones y las rechazó por falta de legitimación. Entendió que debió ser el grupo parlamentario en su totalidad quien las planteara (nada de ese grupo queda hoy) y no sólo cinco de sus entonces diputados, entre los que estaba Federico Trillo.

Al margen de esas recusaciones, y en una decisión polémica, el Pleno rechazó también la abstención de la propia Espejel pese a cuestionar ella misma su propia imparcialidad para debatir sobre este asunto.