No existe un «derecho al bautismo»

Ribó se empleó con vehemencia en un vano intento de desligar del rito de iniciación cristiana su inventada 'ceremonia' cuando, él mismo, había contribuido a proponerla como alternativa. En febrero, al presentar la decisión tomada por el Consistorio para «propiciar la celebración de ceremonias civiles de bienvenida a la ciudadanía a los recién nacidos», Ribó sostenía que era un paso «muy importante para garantizar los derechos de los niños y niñas, y a la vez tener una ceremonia para aquellas personas que no quieran acudir a las celebraciones religiosas». «Es importante que todos los valencianos estemos en igualdad de derechos», insistía.

Según estas palabras de Ribó, ¿en qué derechos no eran iguales los valencianos hasta la creación de este ritual laico? ¿Cuáles no estaban suficientemente garantizados como para que fuera necesario implantar la ceremonia? No ha dado respuesta, pero ayer mismo echaba mano de datos sociológicos para contraponer, de nuevo, que frente al «58% que es creyente», el «38% de los valencianos se declara ateo, agnóstico o laico», y justificar así la necesidad de esta ceremonia.

Valencia no es la primera ciudad española en la que se instauran estos 'bautizos laicos', pero sí la que se ha empleado más a fondo para justificar su implantación como una forma de garantizar la «igualdad de derechos». Una fuerza que parece desproporcionada para un acto simbólico, sin ningún valor legal y que, de momento, sólo han solicitado cuatro familias. Circunstancias que hacen evidente que la intención de Ribó va más allá de responder a las necesidades de un sector de la población.

En realidad, la estrategia es bien conocida en ámbitos políticos y consiste en el uso del 'lenguaje acordado' una práctica que implica el utilizar términos que no aparecen en las diversas convenciones de derechos humanos pero que, a través de la repetición constante, contribuyen a cambiar el sentido de lo establecido en las normas de los estados y acaban imponiendo nuevas obligaciones.

Así, no existe un «derecho al aborto», ni a la eutanasia, como tampoco lo existe a «tener un hijo» o la «maternidad subrogada». No, no existen. Ni aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni el capítulo segundo de la Constitución Española, pero el uso constante de la terminología ha conseguido que calen en la sociedad y que incluso los acabemos asumiendo como fundamentales.

Tampoco existe el «derecho al bautismo» que parece haber inventado Ribó al insinuar que, sin su «ceremonia de bienvenida a la ciudadanía», quienes no son creyentes no gozarían de «igualdad». Tanto la Carta Magna, como las convenciones internacionales, lo que garantizan es «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades», lo que implica, de facto, la opción de no pertenencia a ningún credo. Después, será cada una de las religiones la que establezca sus propios ritos de iniciación, como el bautismo en los cristianos. Por tanto, «todos los valencianos», a los que se refiere Ribó, tienen los mismos derechos: pueden pertenecer o no a una credo, igual que pueden participar o no en los ritos que éste proponga.

Ni creyentes, ni ateos, ni agnósticos sufren, por tanto, ninguna discriminación, que justifique la creación de un «bautizo laico» y menos desde una administración pública. Es más, cuando la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado, ¿qué sentido tiene que un ayuntamiento acabe calcando un ritual religioso para dar respuesta a quienes no son creyentes? ¿Es esta reivindicación del «derecho al bautismo» un paso hacia la creación de una confesión estatal, de corte laicista?

Las respuestas solo podemos encontrarlas en la actitud vehemente del alcalde. «Dum excusare credis, accusas», decía san Jerónimo, que traducimos como «mientras piensas que te estás excusando, te acusas». Y con eso en mente recuerden la repetida justificación de Ribó: «No es un bautizo civil».