Las exmonjas de Belorado confirman que preparan Orduña para trasladar a las mayores

Sin embargo, este jueves por la tarde anunciaron un directo de Instagram para «aclarar y responder a un artículo de ABC». En concreto, se referían al publicado el miércoles que adelantaba que «las exclarisas planean sacar a las monjas mayores de Belorado ante la inminencia del desahucio» y explicaba que «la descarga de camas articuladas en Orduña y la compra de pañales para adultos» hacían pensar que iban a ser trasladadas de forma inminente al monasterio ubicado en la localidad vizcaína. Un cenobio que las exreligiosas compraron —pero nunca pagaron-, a otra comunidad de clarisas de Vitoria.

La intervención, de poco más de diez minutos, lejos de negar la información que había adelantado en exclusiva este diario, vino a confirmar que, si finalmente son desahuciadas de Belorado, se trasladarán a Orduña. Allí ya han habilitado espacios para el inminente traslado de las monjas más mayores, que tienen entre 86 y 100 años, y que nunca participaron en el cisma, por lo que, en la actualidad, conforman la legítima comunidad monástica de Belorado.

En su intervención, las exclarisas, conocidas en su vida religiosa como sor Berit y sor Paloma, dicen confiar en que la sentencia de desahucio «será favorable» para ellas y que, si no fuera así, el 12 de septiembre tampoco sería posible ejecutar el lanzamiento, «porque no podríamos ejercer nuestro derecho a recurrir». Sin embargo, sí que reconocen que, con «respecto a nuestras hermanas mayores», se «han hecho adecuaciones en el monasterio de Orduña en previsión de las posibles necesidades que se planteen», lo que corrobora la información de ABC, que explicaba los movimientos inusuales detectados en el recinto por los vecinos y el traslado de camas articuladas que necesitan las hermanas mayores. Este último detalle hace pensar que el traslado puede ser inminente, sin esperar a la sentencia de desahucio.

En su intervención, las exreligiosas critican la «confusión que está creando el señor Iceta» con respecto a las hermanas mayores y le acusan de haber generado «una división de forma arbitraria», en un «montaje hecho para favorecer sus intereses», para lo que «no duda en utilizar a las mayores, que no le interesan más que como instrumento». Así, insisten en que «la comunidad es una sola y quiere permanecer unida» y, aunque afirman que «no están incapacitadas ni sometidas a la tutela de nadie, si alguna no pudiera expresar su voluntad, las decisiones que se deban tomar nos corresponde adoptarlas a nosotras, que somos las que convivimos con ellas desde hace tantos años y somos sus guardadoras de hecho, como establece el Código Civil».

La afirmación parece ignorar la realidad actual de los monasterios. Desde su nombramiento, el representante legal de los tres cenobios es el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta. Un planteamiento que respalda la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que inadmitió la demanda presentada por la exabadesa Laura García de Viedma, que reclamaba transformar los monasterios de Belorado y Derio en asociaciones civiles culturales e impugnaba el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio. Esta responsabilidad también implica que Iceta actúe como el superior de la comunidad, constituida precisamente por las cinco monjas mayores, por lo que tendría que autorizar cualquier traslado de las religiosas.

En su transmisión, las exreligiosas también confirman el otro hecho que llamó la atención a los vecinos de Belorado y que publicó este diario, cuando vieron a sor Berit en la farmacia de la localidad con el coche lleno de pañales para adultos. «Lo suele hacer el señor que trabaja para nosotras; no estaba ese día y fui yo», afirma la exreligiosa, que insiste en que eso «no es una cosa extraña» ni «un delito», pero evita explicar en qué medida está relacionado este hecho con el planeado traslado de las monjas mayores a Orduña.

Así, las exreligiosas, lejos de desmentir la información publicada por ABC, optan por el argumento de que hacer públicas sus pretensiones les hace sentirse «acosadas» y sostienen que «se está violando nuestro derecho a la intimidad». «Nos da pena cómo se falsean y se tergiversan las cosas y se hacen públicas», lamentan, pero vuelven a eludir una explicación sobre una decisión, la de trasladar a las religiosas más mayores de monasterio sin su consentimiento, que podría implicar un delito contra la libertad.