Los docentes amenazan a Pilar Alegría con huelga en un inicio de curso agitado

Pero después de tres reuniones –una en enero, la segunda en febrero y la última a finales de abril– el Ministerio no ha vuelto a dar señales. Y, un año después, volvemos a la casilla de salida. En este contexto resulta especialmente irónico que, a finales de agosto, Alegría acudiera a Santiago de Chile a la Cumbre Mundial sobre Docentes de la Unesco, en la que defendió que la inversión en la profesión docente no es un gesto técnico ni contable, sino «una decisión política y un compromiso moral». Pues bien, el compromiso del equipo de Pilar Alegría era reunirse con los sindicatos en verano. Pero aquello nunca ocurrió y el encuentro quedó aplazado hasta el inicio del curso escolar, en este mes de septiembre que acaba de comenzar. Sin embargo, los sindicatos aseguran que el calendario sobre el que se darán los próximos pasos sigue sin concretarse. «Si el ministerio sigue igual, no descartamos ninguna actuación, incluida la huelga», advierte Paco Venzalá, presidente de Anpe, el sindicato mayoritario, que dice que el tiempo se empezará a agotar en octubre. «El estatuto docente está en proceso de negociación», se limita a informar Educación a ABC.

«El malestar es creciente. Educación iba a presentarnos una documentación sobre la que trabajaríamos la propuesta. Pero todavía no nos ha llegado nada», indica Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Enseñanza de CC.OO. En la misma línea se encuentra Beatriz García, responsable de Educación de UGT, que recuerda que «llevamos esperando un gesto con la profesión desde 2012».

Aún más crítico y desilusionado se muestra Mario Gutiérrez, de CSIF, para quien la reforma del profesorado es «un absoluto engaño desde el principio». En el pasado curso escolar se logró que se constituyeran dos grupos de trabajo para allanar el camino al ministerio, aunque aún faltarían por constituirse otros dos grupos. Los que ya existen están orientados a trabajar en las ratios y en las horas de clase de los profesores. Actualmente, el máximo de alumnos por docente está limitado por ley a 25 en Infantil y en Primaria, a 30 en Secundaria y a 35 en Bachillerato. «La bajada de la natalidad ha provocado que en muchas comunidades, y sobre todo en los primeros cursos, las ratios estén descendiendo por sí solas», expresa Fernando Villalva, responsable de Educación del sindicato STES.

En cuanto a la jornada lectiva de los profesores, desde STES afirman que en casi todas las autonomías –excepto en Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia– los gobiernos regionales habrían logrado por su cuenta que bajaran a 18 horas en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria. Las consejerías de Educación han empezado a actuar como consecuencia de la inacción del Ejecutivo. En cualquier caso, la reivindicación del cuerpo docente es que su horario lectivo quede fijado por ley, en ese estatuto atascado en una eterna rampa de salida. «Creo que hay posibilidades de que haya reunión en septiembre, pero lo que no creo es que el contenido que salga de ahí sea fructífero», concluyen desde STES.

Tampoco ayuda a avanzar en el estatuto la debilidad en la que se encuentra la legislatura, con un Pedro Sánchez aferrado al poder a pesar de no contar con Presupuestos. O la sensación, que tienen varias centrales sindicales, de que Sánchez tiene otras exigencias, como aumentar el gasto en Defensa, o prioridades para mantenerse en el poder que le podrían obligar ha dejar aparcadas las mejoras en el terreno educativo en un curso escolar que se presenta caliente.

Por el momento, hay huelgas convocadas en Cantabria y que ya suenan en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, según ha podido saber este diario. Pero es que el curso pasado terminó con manifestaciones históricas en Asturias que precipitaron la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, así como la renuncia de más de 70 profesores de centros del Principado.

Por lo demás, el año escolar que arranca servirá para afianzar la nueva PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) que en este año escolar tendrá su segunda edición. El Partido Popular, además, seguirá dando pasos en la homogeneización de la prueba en las comunidades en las que gobierna, aunque aún no ha avanzado en qué se materializarán.